Llegar, enchufar y pagar. Así debería ser el proceso a la hora de recargar las baterías de un coche eléctrico fuera de casa, pero la variedad de redes de carga y operadores, algunos con sistemas poco claros hace que se convierta en una ardua tarea.
El 1 de agosto entra en vigor una norma con la que la UE quiere poner fin a las complicaciones a la hora de pagar y que también garantiza la seguridad de los datos de los conductores.
Más seguridad y menos complejidad
La norma europea EN 18031, que refuerza la Directiva sobre Equipos Radioeléctricos, pone el foco en la responsabilidad de los fabricantes para mejorar la seguridad contra las amenazas de ciberseguridad causadas por la mayor conectividad de los equipos radioeléctricos a medida que aumentan los ataques maliciosos.
Desde la UE exigen que los terminales de pago estén diseñados para evitar ciberataques y proteger la intimidad de los usuarios, además de incorporar funciones para evitar "actividades fraudulentas" en la red de carga pública europea.
Además se van a incorporar métodos de pago accesibles. Po run lado, todos los puntos de carga de acceso público de más de 50 kwh tienen la obligación de incorporar una opción de pago de uso universal sin necesidad de suscripción, como un lector de tarjetas. Y por otro, deben ofrecer información clara sobre precios, disponibilidad y características técnicas.
Si bien la única forma de pago posible es vía una tarjeta bancaria, algunos operadores obligan a disponer de un saldo mínimo y prepagado en la app, por ejemplo, 40 euros. La facturación se hará en función de los kWh consumidos, pero usando el crédito o saldo de la app. La app en el smartphone vinculada a una tarjeta de crédito es el método más extendido, pero cada operador tiene su propia app, con sus tarifas, bonos y suscripciones.
Pero como no siempre encontraremos el punto de carga del operador que más nos interese o al que estemos suscrito, tendremos que cargar donde buenamente podamos.
Con este escenario, la norma, aprobada por el Parlamento Europeo en 2023, exige que se eliminen las barreras técnicas a las recargas y que el pago pueda hacerse con una simple tarjeta bancaria en cualquier punto de carga. Adiós así a los llaveros o tarjetas RFID y a llenar el móvil de apps de operadores. Además, la ley exige que el cliente debe estar claramente informado del precio de la recarga, lo que no siempre ocurre.
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