RSS Autopistas de peaje

Hace unos días nos llegaban noticias de que el Bundestag (la cámara baja del parlamento alemán) ha aprobado la creación de una tasa que deberán sufragar los propietarios de vehículos matriculados fuera de las fronteras de Alemania que quieran transitar por las vías alemanas.

El acto de pagar por usar las vías no acaba ni mucho menos aquí. La Comisión Europea está estudiando imponer peajes en todas las vías rápidas de Europa para coches y camiones. ¿Y esto cómo afecta a los usuarios españoles? Básicamente, que tendremos que pagar por usar las autovías y autopistas. Todas.

Tras años de tira y afloja, el Bundestag (la cámara baja del parlamento alemán) ha aprobado la creación de una tasa que deberán sufragar los propietarios de vehículos matriculados fuera de las fronteras de Alemania que quieran transitar por las vías de ese Estado miembro de la Unión Europea.

Para evitar un más que previsible veto por parte de Bruselas, la propuesta inicial fue maquillada añadiendo los vehículos menos contaminantes a la ecuación, así como eximiendo a los turistas que pasaran menos días por Alemania. De esta manera, ahora mismo esta propuesta está a punto para que la ratifique el Bundesrat (cámara alta, cámara de los länder).

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid obliga al Estado a pagar a la concesionaria de autopistas Abertis 1.494 millones de euros, como mínimo, por la caída de clientes registrada en la AP-7. Fomento recurrirá esta sentencia ante el Tribunal Supremo, pero si allí no obtiene un fallo favorable deberá abonar esa disparatada cantidad de dinero en 2021.

En 2006, la ministra de Fomento Magdalena Álvarez y Abertis firmaron un acuerdo por el que la concesionaria ampliaría los carriles de la autopista entre Salou y La Jonquera, y además aplicaría descuentos en los peajes, a cambio de obtener una compensación económica si no se cumplían las expectativas de tráfico. Esta cláusula fue criticada por el Consejo de Estado ya en marzo de aquel año, pero el acuerdo se firmó igualmente y el Gobierno lo aprobó en abril.

La Autopista C-16, que conecta Barcelona con Bellver, en el Pirineo ilerdense, no sólo está trufada de peajes, sino que además estos son los peajes más caros de toda Cataluña, esa tierra de peajes y cuna de #novullpagar, movimiento que tuvo su momento de gloria mediática de 2012 a 2013.

A partir de 2019, los peajes más caros serán todavía más caros. La empresa concesionaria de uno de los tramos que conforman esta vía de alta capacidad, Autema, eliminará los descuentos que viene realizando a la mayoría de los conductores que viajan por sus autopistas, para aplicarles las tarifas más altas, a no ser que utilicen un dispositivo de pago por telepeaje.

Ha tardado en llegar, pero la decisión que antes o después había que tomar con las autopistas de peaje ha llegado: van a ser rescatadas. Hemos pasado décadas escuchando las bondades de las nuevas autopistas de pago de alta capacidad, la opulenta infraestructura que mejoraría la comunicación por carretera en el territorio español, lo justificado de la inversión con dinero público para su posterior cesión a manos privadas...

Al final no las ha usado prácticamente nadie. Enormes autovías semidesérticas, asentadas sobre un sobrecoste masivo y, en consecuencia, deficitarias que en palabras a los Desayunos de TVE del propio Ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, "las autopistas revertirán al Estado y el Estado decidirá cómo gestionarlas".

Sobre el apasionante mundo de las autopistas de peaje en España hemos hablado en innumerables ocasiones. Que si algunas quiebran porque hay demasiadas y no las utiliza ni Peter, que si algunas las utiliza todo quisque a falta de alternativas razonables, pagando aunque estén más que pagadas...

Sin embargo, lo que todavía no habíamos hecho es trasladarnos hasta aquel mágico momento en el que se decidió dotar de autopistas de peaje al entramado circulatorio patrio. España arrastraba años de caminos y carreteras proyectados sobre la marcha, siguiendo la Ley de Carreteras de 1877 —firmada por el Rey Alfonso XII y por el ministro de Fomento Francisco Queipo de Llano— y se puso el acento en crear una red de infraestructuras acorde con el país.

Aquí cada cual quiere arrimar el ascua a su sardina. Que razón tiene la sabiduría popular. La noticia de la que nos hemos enterado hace pocas horas, es en verdad bastante recurrente y se lleva escuchando desde hace años, propuesta por unos o por otros. Pero vaya, es que proponer por proponer es muy fácil, sobre todo si lo que propongo me beneficia.

Resulta que SEOPAN, la patronal que representa a grandes constructoras españolas, como Acciona, Dragados, Ferrovial, FCC, OHL o Sacyr, por citar algunas como ejemplo, propone que se aplique un peaje "blando" a los 16.455 kilómetros de carreteras de alta capacidad de la red nacional y autonómica, es decir, a todas las autovías y autopistas de España.

Tanto Hacienda como Bruselas han dado el visto bueno hoy, 12 de septiembre de 2014. España tiene vía libre para rescatar sus autopistas quebradas. La fórmula elegida es la nacionalización de las pérdidas en lo que ha dado en llamarse la Sareb de las autopistas, a imagen y semejanza del banco malo creado para aglutinar activos tóxicos de las entidades financieras.

Esta empresa apestada se hará cargo de la gestión de las radiales 2, 3, 4 y 5 de Madrid, la M-12 (Eje Aeropuerto de Barajas), la AP-41 (Madrid - Toledo), la AP-36 (Ocaña - La Roda) y la AP-7 (Circunvalación de Alicante y tramo Cartagena - Vera). Del cómputo estimado en primavera han saltado dos vías: la AP-71 entre León y Astorga, y el tramo de la AP-7 entre Alicante y Cartagena.

Parece verse la luz al final del túnel de las autopistas de peaje que han pinchado con la crisis. Me refiero a las radiales de Madrid, la AP-7 en Murcia y la circunvalación de Alicante. El Gobierno propone hacerse cargo de ellas y de su gestión, a cambio de una quita en la deuda del 50%. ¿Esto es bueno o no?

Lo cierto es que estamos ante un problema muy complejo en el que no pueden salir todos ganando: constructoras, concesionarias, bancos, expropiados y contribuyentes. Se está buscando una fórmula que sea menos mala para todos, y que esas infraestructuras tengan sentido. Y que se usen, claro.

La AP-7 es una autopista de peaje que tiene diversos tramos a lo largo de la costa sur y este del país. El tramo entre Alicante y Tarragona (con su correspondiente tramo gratuito) tiene la concesión hasta el 31 de diciembre de 2019. El Gobierno ha anunciado que no renovará dicha concesión a Abertis (antes AUMAR).

Otros tramos de la autopista serán liberalizados en 2054 como muy tarde. Justo antes del año nuevo de 2020 la AP-7 habrá permanecido 50 años a base de peajes. Ya está bien, ¿no? El primer tramo, Barcelona-Granollers, se inauguró en 1969. El plazo final de este tramo se estableció en 1997 (año en el que debía ser gratuita), en el Real Decreto 1674/1997, de 31 de octubre.