"Es ilegal, no pueden seguir cobrando". España amplió el peaje de la AP-9 para que siguiéramos pagando hasta 2048. Europa puede tumbarlo

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Victoria Fuentes

En el año 2000, el Gobierno de José María Aznar decidió prorrogar la concesión de la AP-9, gestionada por la concesionaria Audasa, hasta el año 2048.

Desde mucho antes, la autopista que vertebra el eje atlántico gallego ha sido de pago, pero no debería haber sido así. La Comisión Europea ha elevado un tercer y último aviso al Gobierno antes de llevarlo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que ponga remedio a las irregularidades por las que fueron prorrogadas las concesiones, tanto de la AP-9 como de la AP-66.

El Gobierno dice que agotará los dos meses que le han dado para encontrar soluciones

Según detalla La Voz de Asturias, el Ejecutivo Comunitario "insta a España a respetar las normas sobre contratos de concesión de autopistas" ya que amplió en el año 2000 la duración de las concesiones de las autopistas AP-9 y AP-66 por periodos de 25 y 29 años, respectivamente. Un procedimiento que se hizo "sin convocar procedimientos de licitación previos ni publicar un aviso" bajo el Gobierno del PP.

Así que ahora Bruselas da dos meses al Ejecutivo central para que "tome las medias necesarias" para corregir estas irregularidades antes de denunciar a España por el incumplimiento de la legislación comunitaria ante el Tribunal de Justicia de la UE.

Un dictamen que da respuesta a la denuncia que presentó la asociación de Consumidores En Colectivo en 2019, que lleva años luchando contra la prórroga de la AP-9: "Lo importante es que la ampliación incumplió la normativa comunitaria, es ilegal y, por tanto, no puede seguir cobrando peajes", ha dicho Diego Maraña, presidente de la entidad, en declaraciones recogidas por La Voz de Galicia.

Pero levantar las barreras de la AP-9 nos va a costar caro, como siempre ocurre con las autopistas de peaje. El Gobierno ha estado avisando de que "transferir la competencia de la AP-9 tiene un coste de entre 1.260 y 2.600 millones, y rescatarla costaría 4.000 millones", dijo hace un año el ministro de Transportes, Óscar Puente. También ha asegurado que aún tienen dos meses para decidir sobre el futuro de la autopista y que esto "no supone el final del procedimiento ni la eliminación de las prórrogas" ya que puede que interpongan un recurso.

Ya el año pasado Audasa advirtió que reclamaría más de 1.000 millones de euros si la Comisión declara ilegal el contracto de adjudicación de esta carretera. Como siempre, el contribuyente paga dos veces.

La historia de la AP-9 es una historia de prórrogas eternas: la primera fue en 1977 por el Gobierno de UCD, la segunda en 1994 por Felipe González y la última en el año 2000 por José María Aznar.

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