Coches en Alemania

En Alemania las autoridades ya han aprobado un sistema SCR para la retroinstalación en modelos diésel antiguos, y su precio ronda los 3.000 euros, instalación incluida.

La fiscalía de Stuttgart tiene bajo el punto de mira a Porsche y hace unos días registraron las oficinas centrales de la firma en la ciudad alemana.

Stuttgart ha hecho oficial la prohibición a la circulación y el aparcamiento a los vehículos diésel Euro 4 y anteriores, en efecto a partir del día 1 de abril.

El Grupo Volkswagen ha informado que desde agosto de 2017 se han sustituido en Alemania más de 300.000 coches diésel antiguos -con la normativa Euro 1 a Euro 5- por otros modelos nuevos o seminuevos con el estándar de emisiones Euro 6.

Pero esta operación trae consigo una cara B, según la industria: mayor consumo de combustible, mayores emisiones de CO₂ y en algunos casos un rendimiento reducido. Marcas como BMW se han negado a hacerlo.

El Tribunal ha argumentado que exceder los límites de emisiones contaminantes en el aire no conduce automáticamente a la imposición de prohibiciones de conducción.

¿Cuál es el problema? Que los vehículos oficiales de muchas autoridades y ministerios alemanes, así como de la policía estatal y federal, provienen del grupo alemán.

Volkswagen apelará y considera que "no existe una base legal para las quejas de los clientes" ya que "no han sufrido pérdidas ni daños. Los vehículos son seguros y aptos para circular".

El tribunal administrativo de Colonia ha estipulado que a partir de abril de 2019 los coches diésel más antiguos no podrán circular por el centro de la ciudad; lo mismo ocurrirá en dos calles de Bonn.

Berlín se une a Hamburgo, Stuttgart y Frankfurt como ciudad alemanas pionera en prohibir en algunas de sus calles los coches diésel más antiguos, es decir, los anteriores a la norma Euro 5, inclusive.

El Gobierno alemán ha anunciado más detalles de su "complejo" plan para evitar que la olla a presión en la que se ha convertido la persecución al diésel explote. Este plan contempla incentivos no gubernamentales.

Un plan en el que, presumiblemente, pagarán tanto los que hicieron trampas como los engañados.