Uber está determinada a no dar su brazo a torcer. La multinacional tecnológica de servicios de transporte se ha puesto en pie de guerra contra California después de que el estado americano legislase para que los conductores de la compañía pasasen a ser empleados contratados.
A través de una demanda interpuesta por Uber, la compañía de Dara Khosrowshahi y otras tecnológicas han calificado de "amenaza, irracional e inconstitucional" a la norma promulgada por el estado de California, anunciando además que harán todo lo posible por mantener inalterado su modelo de negocio.
Una pirámide sostenida por los falsos autónomos
El pasado 31 de diciembre, justo antes de cerrar 2019 y de que entrase en vigor la norma Assembly Bill 5 (AB5), Uber presentó una demanda formal en la Corte Federal de Los Ángeles contra el estado de California. El motivo que ha llevado a la firma estadounidense a este proceso judicial ha sido tratar de defender sus derechos después de que California aprobase una ley que obligaría a Uber a hacer un contrato a todos sus conductores, la conocida como AB5.
La base fundamental sobre la que se asienta la pirámide de Uber es una extensa cimentación en la que la masa laboral del músculo productivo de la compañía está controlado por Uber, pero sin asumir los costes derivados de la contratación directa. La gran mayoría de los conductores que prestan los servicios de Uber son trabajadores externos no asalariados.
La Assembly Bill 5 entró en vigor el pasado 1 de enero para tratar de defender a los cerca de 1.000 trabajadores que prestan servicio para Uber o Lyft en California. Su propósito es conseguir para los conductores un salario mínimo, seguro médico y el acceso al paro, conceptos que actualmente Uber se está ahorrando al producir sus servicios a través de conductores externos.
Ahora bien, la ley AB5 no tiene un efecto directo sobre las contrataciones de estas empresas. Han de ser ellas mismas las que comiencen a realizar las contrataciones o bien que los conductores recurran a la justicia abrazando esta ley para que la empresa pase a contratarlos. Precisamente este es el punto, pues desde hace algún tiempo antes de la aprobación de esta nueva normativa muchos trabajadores ya estaban emprendiendo iniciativas legales para desenmarañar la figura que aquí conocemos como falsos autónomos.
Según la demanda interpuesta contra la ley pro-freelance, la contratación de los no asalariados pondría en riesgo el modelo de negocio de las empresas tecnológicas al tener que destinar entre un 20% y un 30% de sus recursos. Aparte de la demanda, Uber junto a otras empresas del sector ha emprendido una campaña para recoger firmas y lograr una consulta para tumbar la ley, un proceso en el que van a invertir 110 millones de dólares.
Pero el de California no es el único frente abierto para Uber. En Ginebra ya se ha puesto coto a esta práctica laboral abusiva alegando que debe ser Uber quien se ajuste a las leyes de cada región y no al revés, mientras que en Londres la compañía ha perdido la licencia de actividad después de saberse que 14.000 viajes se hicieron sin la cobertura de un seguro.
En Motorpasión | Las ventas de coches en 2019 caen por primera vez en seis años: los SUV ya son los más vendidos y el diésel sigue a la baja** | El lado oscuro del matrimonio PSA y FIAT: hasta ocho marcas podrían estar en la cuerda floja
