El ocaso del diésel

De no cumplir con la nueva normativa los conductores se enfrentan a multas de hasta 68 euros diarios en el caso de los coches y las motocicletas, y hasta de 135 euros para los conductores de camiones y autobuses.

La polémica Ley de Cambio Climático balear que vetará a los vehículos de combustión nuevos para 2035 podría tener discrepancias con la ley constitucional: el Gobierno acaba de anunciar que lo analizará mediante una comisión bilateral.

Los vehículos de gasolina y diésel representan alrededor del 95 % de las ventas en Francia, mientras que los coches eléctricos aún representan menos del 2 %.

Un análisis augura lo que supondrá para la industria automovilística española la penetración del coche eléctrico: despidos, bajada en la producción, mayores costes... Conclusiones muy parecidas a las que lleva tiempo señalando el sector.

La Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (Anfac) considera que estas medidas están "huérfanas de cualquier respaldo técnico o científico" y suponen "un claro incumplimiento del Derecho de la UE".

Pero esta operación trae consigo una cara B, según la industria: mayor consumo de combustible, mayores emisiones de CO₂ y en algunos casos un rendimiento reducido. Marcas como BMW se han negado a hacerlo.

El Tribunal ha argumentado que exceder los límites de emisiones contaminantes en el aire no conduce automáticamente a la imposición de prohibiciones de conducción.

La firma nipona ha confirmado que el fin del diésel en sus turismos en inminente: todos los coches de nueva producción vendidos por Toyota España no contarán con mecánicas diésel a partir de 2019.

Países como Austria están estudiando prohibir la venta de coches diésel y gasolina para 2020, mientras que Alemania fija la fecha 10 años después.

Una medida que el Gobierno francés espera que impida sanciones por parte de la Unión Europea por incumplir las normas de calidad del aire.

Se trata de una medida que se recogerá en la Ley de Cambio Climático que prepara el Ejecutivo, en fase de borrador y que tiene en el punto de mira los turismos y los vehículos comerciales ligeros con emisiones directas de CO₂.

Madrid y Barcelona se han unido a un manifiesto acordado en Bruselas junto a organizaciones europeas de medio ambiente en el que exigen que los fabricantes se responsabilicen de los vehículos manipulados.