Daniel Murias
Bruselas ha puesto fecha límite a España: el Gobierno tiene hasta el 31 de agosto para subir los impuestos al diésel, o perderá 475,3 millones de euros que la Unión Europea tiene reservados para España dentro del Plan de Recuperación. Si esa fecha pasa sin que se apruebe la subida, el dinero quedará perdido para siempre, sin opción de recuperarlo más adelante.
El origen del bloqueo se remonta al diseño inicial del plan. España se comprometió a aprobar antes del 31 de marzo de 2023 un paquete de reformas tributarias inspiradas por el comité de expertos fiscales.
Un mes para subir los impuestos al diésel o no hay fondos
Este documento incluía de forma explícita el incremento de la imposición sobre el diésel para reducir su trato fiscal favorable frente a la gasolina. Ese compromiso forma parte del hito 388 del plan, que exige además que el conjunto de las reformas eleve de forma permanente la recaudación pública en al menos un 0,3% del PIB.
Es decir, fue el Gobierno de España que incluyó en su propuesta la subida de los impuestos al diésel. Sin embargo, nunca la ha aplicado por falta de apoyos parlamentarios para subir el impuesto al gasóleo.
El pulso entró en fase crítica el 31 de julio de 2025, cuando Bruselas suspendió 500,3 millones de euros del quinto desembolso de ayudas no reembolsables, valorado en 9.104,6 millones de euros. De esa cantidad, 475,3 millones corresponden directamente al incumplimiento de la reforma del diésel; los 25 millones restantes, ligados a la digitalización de entidades regionales y locales, ya se han desbloqueado.
El dictamen de la Comisión Europea es especialmente severo con la metodología española. El Gobierno presentó su solicitud de pago el 20 de diciembre de 2024 e incorporó en sus estimaciones de ingresos permanentes el impacto esperado de la subida del diésel, pese a que la medida no había entrado en vigor.
Bruselas revisó los cálculos y, al descontar el efecto de un impuesto que nunca llegó a aprobarse, concluyó que el incremento real de recaudación se quedaba por debajo del umbral exigido.
El Ejecutivo ha intentado sacar adelante la equiparación fiscal gasolina-diésel en varias ocasiones, sin éxito. La medida ha chocado sistemáticamente con la falta de apoyos parlamentarios y con la resistencia de sectores muy expuestos al coste del carburante, como el transporte profesional, los autónomos y determinados colectivos rurales.
Según recoge El Economista, la subida que reclama Bruselas llevaría el gravamen sobre el diésel de los 0,307 euros por litro actuales a 0,40 euros, un incremento que se notaría también en el surtidor por el efecto del IVA sobre los impuestos especiales. El encarecimiento real rondaría así los 0,11-0,12 euros por litro. Para un depósito medio de 50 litros, supondría entre 5,5 y 6 euros más por repostaje.
El calendario juega en contra del Gobierno. El cierre del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia impone un límite temporal estricto, y la ventana política para aprobar una subida de impuestos sobre un carburante sensible se estrecha cuanto más se acerca agosto. Si no hay aprobación parlamentaria antes de esa fecha, los 475,3 millones quedarán en riesgo de pérdida definitiva, sin posibilidad de recuperarlos más adelante con una reforma tardía.
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