Irene Mendoza
El tramo de la AP-7 entre Calafat y Amposta se ha convertido en el punto negro más preocupante de Cataluña. En lo que llevamos de 2025, este sector de las Terres de l’Ebre acumula 15 víctimas mortales, el doble que el año anterior. En un intento de frenar esta escalada, el Govern ha activado nuevas limitaciones de velocidad que afectan tanto a turismos como a camiones.
Desde este viernes, los vehículos pesados deberán circular a un máximo de 80 km/h y los turismos a 100 km/h en sentido sur, un tramo donde las bajadas complican las frenadas y donde se concentran la mayoría de los siniestros.
Un límite más bajo para el tramo más mortal de la AP-7
Aunque la consellera de Interior, Núria Parlon, anunció el 20 de noviembre que la medida entraría en vigor en un mes, el Servei Català de Trànsit (SCT) decidió adelantar su aplicación para que estuviera activa durante el puente de la Constitución. Las nuevas señales ya están instaladas entre los puntos kilométricos 288 y 332, desde Calafat hasta Amposta.
El objetivo es verificar su eficacia de aquí al 31 de marzo. La medida está dentro de un plan de choque que también incluye nuevos radares, más controles, más inspecciones a vehículos pesados y formación específica para camioneros internacionales que cambian el permiso en Cataluña. Trànsit también incorporará sistemas de detección de fatiga, una de las grandes amenazas en rutas de largo recorrido.
Las bajadas en sentido sur y la elevada presencia de camiones explican por qué el Govern ha decidido actuar justo en esta dirección. Según datos del propio SCT, los vehículos pesados están presentes en casi el 40 por ciento de los accidentes con víctimas en la AP-7, una proporción muy por encima de otras vías rápidas de la región.
La respuesta vecinal: “No es velocidad, es falta de inversión”
Pero la medida no llega sin polémica: el movimiento vecinal “Mai més peatges” considera que el límite es un parche y que el verdadero problema está en la infraestructura. Su portavoz, Llorenç Navarro, decía a ACN: “Es un fracaso de la administración por mala gestión y planificación. Quieren pasar la culpa a la ciudadanía cuando el principal problema ha sido la negligencia política”.
La plataforma lleva años reclamando una inversión urgente en la AP-7: un tercer carril, barreras de seguridad renovadas, más salidas para descomprimir tráfico y mejoras en la N-340 para ofrecer alternativas reales. También denuncian la falta de protocolos eficaces en caso de accidente, algo especialmente grave en una autopista donde un siniestro puede bloquear miles de vehículos durante horas.
El sector del transporte coincide en que el tramo entre las Terres de l’Ebre y el Camp de Tarragona es el más complejo de toda la AP-7. Joaquim Riudeubas, presidente de la FEAT (Federación de Autotransporte de Tarragona), recuerda que es el “corredor obligado” para todos los camiones que van o vienen de Algeciras, Europa y los puertos del Mediterráneo.
El punto más tenso de la autopista con más camiones de Cataluña
Cada día circulan por allí unos 10.000 camiones en una sección de sólo dos carriles por sentido. Cuando ocurre un accidente, el impacto es inmediato: se rompe la cadena de suministros, se retrasan entregas y los transportistas deben alargar jornadas o desviarse decenas de kilómetros.
“La AP-7 es la versión viaria del Corredor Mediterráneo, pero con las infraestructuras del siglo pasado”, lamenta José Luis Aymat, director de la FEAT. Además, el sector rechaza que se les culpe de la siniestralidad y reclama inversiones estructurales. No ven suficiente la nueva app de avisos anunciada por Trànsit y exigen soluciones reales: más carriles, más desvíos, más mantenimiento.
Bajar el límite de velocidad puede ayudar a estabilizar el tráfico, reducir la energía de los impactos y minimizar los alcances en zonas de pendiente, especialmente con camiones. Pero la velocidad no es el único problema. El aumento de tráfico tras el fin de los peajes, la falta de carriles adicionales y un diseño que arrastra décadas sin grandes mejoras siguen pesando más que cualquier señal.
En este contexto, la medida puede ser útil, pero difícilmente resolverá sola los problemas estructurales de la AP-7. El verdadero reto sigue siendo una infraestructura saturada que necesita más capacidad, más mantenimiento y más inversión para dejar de ser el punto negro de Cataluña.
Imágenes | ACV, Govern
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