Chile y la Unión Europa han firmado recientemente un acuerdo que renueva sus lazos comerciales y que pone en bandeja los vastos recursos chilenos de litio, cobre y otras materias primas necesarias para la fabricación de baterías para coches eléctricos que ayudarán a Bruselas a cortar lazos de dependencia con China.
Este es un paso importante para el Viejo Continente, pues aunque cambiar el mapa geopolítico actual de la energía no será fácil ni inmediato, la carrera por poseer grandes reservas de materiales clave para un futuro lejos de recursos fósiles (y de Rusia) está cada vez más reñida, sobre todo desde el pasado mes de febrero.
Un socio clave para la transformación de la industria automovilística
Chile es el primer productor de cobre y el segundo mayor productor de litio del mundo, dos materiales clave para la fabricación de baterías para coches eléctricos.
En los últimos años, el país está redoblando sus esfuerzos para atraer a la industria de la automoción, centrándose en la explotación de los recursos que se encuentran en ubicaciones clave como el Salar de Atacama: el mayor depósito salino de Chile, que forma parte del llamado 'triángulo del litio', una zona geográfica ubicada en la punta de América del Sur, en el límite de Argentina, Bolivia y Chile.
Según cálculos de Bloomberg, son necesarios unos 70.000 litros de agua para producir una tonelada de litio, por no hablar de las numerosas complicaciones técnicas que tiene extraer y procesar este material situado bajo gruesas capas de sal a lo largo de inmensas explanadas (un método que puede demorarse hasta un año).
Y pese al impacto negativo que esta actividad pueda tener en la fauna y flora de la zona (algunas lagunas y praderas de Atacama ya se están reduciendo o secando, y se lleva tiempo registrando un descenso en la población de flamencos salvajes), el “oro blanco de Chile” está cada vez más cotizado.
Pero ya lo dijo hace unos meses la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von Der Leyen, en uno de sus discursos: “el litio y las tierras raras pronto serán más importantes que el petróleo y el gas”.
Y es que se estima que para lograr eliminar el carbón a medio/largo plazo tal como se prevé en los planes de transición energética de los Veintisiete, Europa necesitará hasta 18 veces más litio del que usa actualmente en 2030 y de cara a 2050, casi 60 veces más.
Con el último acuerdo sellado en Bruselas entre Chile y la UE, que amplía y moderniza el que existía entre ambas partes desde 2003, según el comunicado se busca “un mejor acceso y una inversión sostenible en materias primas críticas como el litio que contribuirán a promover nuestra ambición compartida de una transición ecológica”.
¡Fantásticas noticias para Chile y la UE!
— European Commission 🇪🇺 (@EU_Commission) December 9, 2022
Today we signed an agreement to strengthen our political and trade partnership with Chile.
It will take our partnership to the next level by fostering trade and investments while focusing on sustainability and shared values.#EUtrade pic.twitter.com/1bhCUGErui
Entre otras cosas, esto se hará posible mediante la supresión de los aranceles en todas las importaciones que se realicen desde los países miembros (a excepción del azúcar), lo que facilitará que las empresas europeas inviertan en el país andino.
Además, Chile se ha comprometido a restringir el alcance de su actual "política de precios duales", según la cual reserva el 25 % de toda su producción de materias primas para empresas locales a precios más ventajosos.
Así, el acuerdo permitirá que el gobierno presidido por el izquierdista Gabriel Boric pueda vender su litio o cobre a precios más bajos para las empresas de la UE que utilizan el procesamiento chileno. Todo ello, mientras Bruselas sigue trabajando en la estandarización de baterías y se sigue fraguando la futura ‘Ley de Materias Primas Críticas’.
Chile y la UE acordaron dividir el pacto para acelerar su proceso de ratificación, lo que significa que ‘la parte comercial’ se remitirá únicamente al Consejo de la UE y al Parlamento Europeo, mientras que ‘la parte política y de inversión’ deberá ser ratificada por los parlamentos nacionales del bloque. Así, el pacto actual debería entrar en vigor, como mucho, en 2024.
