Las persecuciones policiales a toda velocidad suelen verse como escenas de acción dignas de Hollywood. Pero fuera de la pantalla, suponen un grave riesgo para la seguridad pública, con consecuencias que rara vez se muestran en los créditos finales.
En Nueva York, EEUU, un nuevo informe oficial documenta sus efectos y arroja cifras escalofriantes: las persecuciones, de media, se cobran una vida al día en todo el país. Para evitar que más infracciones menores acaben en tragedia y proteger a conductores, peatones y agentes ahora la fiscal general ha propuesto limitarlas por ley.
Las persecuciones policiales ya no tienen sentido en la mayoría de los casos
Las persecuciones policiales, lejos de ser siempre eficaces, en muchas ocasiones se saldan con víctimas inocentes y daños evitables. El informe recientemente publicado sobre el tema por la Oficina del Fiscal General de Nueva Yorkexpone una realidad contundente: entre 1996 y 2015, han muerto en EEUU una media de 360 personas al año por este tipo de actuaciones, según datos del sistema FARS del Departamento de Transporte. Es decir, casi una muerte diaria.
El estudio concluye que muchas de estas persecuciones comenzaron por infracciones de tráfico menores o delitos no violentos. A menudo, la decisión de seguir a un sospechoso a toda velocidad por calles concurridas acaba generando más peligro que dejarlo ir y detenerlo después. Según estudios citados en el informe, cuando la policía cancela la persecución, el sospechoso suele reducir la velocidad y es capturado más adelante sin consecuencias graves.
Por eso, la fiscal Letitita James ha propuesto que Nueva York apruebe una normativa que prohíba este tipo de persecuciones, con dos únicas excepciones: cuando los agentes tengan motivos para creer que el conductor ha cometido o va a cometer un delito violento, o si su conducción representa una amenaza inmediata y grave para la vida de otros o para él mismo. “Las pruebas son claras: estas persecuciones pueden ser mortales, y es hora de cambiar”, afirmó James en un comunicado oficial.
Aunque todavía no hay una base de datos centralizada en Nueva York ni a nivel federal sobre estas persecuciones, el informe deja claro que los riesgos superan con creces los beneficios.
Entre 2015 y 2020, al menos el 30 % de las persecuciones acabaron en colisiones y hasta un 17 % provocaron heridos o fallecidos. La falta de transparencia es también parte del problema: la OAG insta a los cuerpos policiales a registrar y publicar estos datos con regularidad para mejorar la rendición de cuentas.
Mientras tanto, el estado de Rhode Island aprobó en 2024 una ley que limita este tipo de maniobras policiales y algunas ciudades estadounidenses ya han comenzado a aplicar restricciones. En Búfalo, por ejemplo, está prohibido iniciar una persecución por delitos menores o infracciones de tráfico.
Albany va un paso más allá, exigiendo a los agentes que evalúen el peligro potencial para la ciudadanía antes de actuar; y en Milwaukee sólo permiten persecuciones si hay una causa probable de delito violento.
Si la propuesta de la fiscal prospera, Nueva York podría convertirse en un referente para otras tantas ciudades en EEUU con el mismo problema. “Millones de personas salen a la carretera cada día y merecen una actuación policial segura, justa y eficaz”, recordó la fiscal James.
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