El conflicto del sector del taxi contra las licencias VTC está lejos de ser un enfrentamiento simplemente mediático, ideológico o económico. Las posturas enfrentadas entre el taxi tradicional y las licencias VTC también llega al plano político con planteamientos diametralmente opuestos.
Con las elecciones municipales y autonómicas a la vuelta de la esquina (26 de mayo), los partidos políticos lejos de quedarse al margen están intentando sacar su propio crédito de uno u otro bando pero hoy Pablo Casado, presidente del Partido Popular, ha sido tajante al reclamar la liberalización del sector.
La Ley Ómnibus de 2009 como inicio del conflicto
▶ Proponemos una liberalización del sector del taxi, pero al mismo tiempo no se puede prohibir el sector de las VTC. Estamos a favor de que convivan ambos sectores.
— Partido Popular 🇪🇸 (@PPopular) 28 de enero de 2019
👉 @pablocasado_ explica nuestra propuesta en @EspejoPublico. #CaféCasado pic.twitter.com/JADNYN3IZH
En una entrevista concedida a 'Espejo Público' para consultar su punto de vista en el conflicto que se está recrudeciendo durante las últimas horas con el colapso de Madrid por parte de los taxistas, Casado ha propuesto que el sector del taxi se liberalice, equiparando los servicios y manteniendo algunos de los privilegios.
Casado ha propuesto que se ejecute una liberalización real del sector y que sea el libre mercado quien determine cuántas licencias y de qué tipo deben estar en juego, ofreciendo una salida a aquellos taxistas que quieran abandonar el sector a través de un fondo de indemnización para la recompra de licencias.
Históricamente los taxistas se han opuesto diametralmente a la liberalización de su sector, dando pie a un entorno excesivamente regulado en el que más o menos ellos mismos han generado el marco por el que se rigen. La llegada de Uber y Cabify como servicios complementarios basados en el alquiler de coches con conductor (VTC) ha sacudido el avispero y ha puesto en tela de juicio al sector del taxi.
Hasta la reciente llegada de estas grandes empresas que han dinamizado el entorno, las VTC y los taxistas han convivido en relativa armonía, conservando el ratio de una licencia VTC por cada 30 de taxi. Con la aplicación de la Ley Ómnibus (Ley 17/2009 y Ley 25/2009) de 2009 se realizó un primer intento de liberalización, aplicando el PSOE la Directiva 2006/123/CE con la se autorizó la concesión de nuevas licencias VTC: el 1/30 se vio superado.
Durante el periodo de aplicación de la Ley Ómnibus hasta que fue tumbada por el Partido Popular en 2015 a través de una modificación en el Reglamento de Ordenación del Transporte Terrestre (ROTT) se solicitaron miles de licencias VTC que, si bien eran denegadas en un inicio por la Comunidad Autónoma por superar el 1/30, en un recurso por parte del solicitante al Tribunal Supremo, el alto tribunal sí ratificaba la concesión de dichas licencias por ajustarse a la Ley Ómnibus vigente en el momento de la solicitud.
Autorizaciones administrativas sin valor a precios estratosféricos
Las nuevas licencias VTC (contra 65.973 licencias de taxi a 3 de enero de 2019) que se han ido otorgando han mermado el ratio hasta quedar por debajo de 1/7 y la existencia de un alto número de servicios alternativos al taxi (desde VTC hasta transporte público, carsharing, motosharing, patinetes compartidos...) ha provocado la movilización del sector por algo mucho más notable que la simple captación de servicios.
La propuesta de Pablo Casado versa sobre uno de los temas tabú del sector del taxi: el valor de las licencias. Con un número limitado de licencias de taxi en España concedidas inicialmente como autorizaciones administrativas y moviéndose en un sector con altísimas barreras de entrada, los precios de las licencias del taxi han sido presa de un incremento progresivo e imparable de sus precios.
Basta darse una vuelta por cualquier página de anuncios clasificados para darse cuenta de las grandes cantidades de dinero que se piden por las licencias en todo el territorio español. Unas cantidades que están muy lejos de su valor inicial y que obligan a los taxistas a hipotecarse para poder acceder al negocio. Una situación que los mismos taxistas denuncian que, en efecto y también está mal, ocurre con las licencias VTC, aunque en menor medida.
Con un plazo de amortización harto complicado durante la posesión de la licencia del taxi, el planteamiento de los taxistas históricamente ha sido el de conseguir un beneficio en el momento de la jubilación al transmitir sus licencias, confiando en que con un poco de suerte valieran más que cuando las adquirieron mientras mes a mes pagan las cuotas de los créditos bancarios con el trabajo del día a día.
La solución de Casado en el mejor de los casos sería sólo un paño caliente con el que difícilmente se aliviaría las deudas de muchos taxistas. Es poco probable dotar un fondo de compensación a través de los impuestos a las licencias VTC con el que los taxistas puedan recuperar el dinero que invirtieron.
La cuestión es que, por ejemplo, una licencia que en gastos de expedición sólo costaría 457 euros en Córdoba en 2012 se podía vender a una media de 102.102 euros en el mismo año según datos de elEconomista.es. Entre 1987 y 2016 el valor de las licencias se ha incrementado en un 503,7%, provocando la intervención de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
La falta de competencia en un mercado cerrado ha favorecido que se especule con el precio de unas autorizaciones que en un mercado liberalizado no tendrían valor, y este es precisamente el problema de fondo sobre el que el sector del taxi está luchando: evitar que se devalúe el valor de las carísimas licencias.
Más problemático aún es cómo se realizan las operaciones en este mercado secundario de licencias, bordeando la legalidad en la forma que se hacen los pagos, por lo que al no declararse de manera efectiva las transacciones cualquier tipo de indemnización quedaría fuera de juego.
