En la guerra del taxi, qué partidos políticos apoyan a los taxistas, cuáles a las VTC,  y qué medidas proponen
Industria

En la guerra del taxi, qué partidos políticos apoyan a los taxistas, cuáles a las VTC, y qué medidas proponen

La batalla entre taxistas y VTC sólo se había tomado un descanso: con las elecciones autonómicas y municipales a la vuelta de la esquina, el sector del taxi ha desenterrado de nuevo el hacha de guerra tras el anuncio del Decreto Ley del Govern catalán para regular las licencias VTC, al que tachan de claro favoritismo hacia estas empresas.

Los taxistas se han vuelto a echar a la calle en Madrid y Barcelona y las posturas con sendos gobiernos autonómicos están muy alejadas. En plena campaña electoral, ¿cómo están reaccionando las formaciones políticas y a favor de quién se posicionan?

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Tras la aprobación del Real Decreto Ley (RDL) que transfería las competencias de regulación de las licencias VTC a las autonomías el pasado mes de septiembre, el primero en mover ficha ha sido el gobierno catalán, con un Decreto Ley que propone exigir un tiempo previo de contratación de 15 minutos para las VTC. Un movimiento que no supone ningún riesgo para las formaciones políticas que conforman el Govern, ya que los comicios aún quedan lejos.

No es el caso del resto de autonomías y ayuntamientos, exceptuando Andalucía, con los partidos en plena campaña de cara a mayo. Y en este escenario estratégico político se sitúa la guerra entre taxis y VTC, que se ha traducido en nuevos paros y protestas de carácter indefinido en Madrid y Barcelona.

Los taxistas saben que es un momento clave para presionar a los gobiernos autonómicos y locales. Y dada la fuerza mediática que tiene el sector del taxi, tremendamente movilizado y organizado y ahora enfundados en chalecos amarillos en un claro guiño a las movilizaciones contra Macron por la subida del combustible, pocos gobernantes quieren enfrentarse al gremio a cuatro meses de las elecciones.

Podemos, aún más al lado de los taxistas

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El grupo político que más a favor del taxi se está posicionando es curiosamente Podemos. Y decimos curiosamente porque la formación morada, de claro corte progresista, se ha postulado en defensa de los intereses de un gremio donde proliferan los empresarios autónomos, un sector que, por tradición, se ha solido alinear con la corriente liberal de la derecha.

Pero desde que Pablo Iglesias recibiera un huevazo tras intentarse acercar a la cabecera de la concentración convocada por los taxistas en mayo de 2017 ha llovido mucho. Más de año y medio, para ser exactos. Y es que la vida política puede dar muchas vueltas...

Tanto como para que el pasado mes de octubre, ante la aprobación del Real Decreto Ley que blindaba al taxi, Podemos fuera la formación más crítica con las VTC. Rafael Mayoral, diputado de la formación morada, se mostraba categórico: "Estamos en contra de una 'uberización' de la economía, contraria a los derechos de los trabajadores y los servicios públicos".

Ada Colau, conflicto taxi- VTC

El discurso de las alcaldesas de Madrid y Barcelona, Manuela Carmena y Ada Colau, ha ido muy en consonancia con esta línea de pensamiento, incluso antes de la aprobación del RDL, como muestran las palabras de Noelia Vera, portavoz de Podemos, en una entrevista concedida a RNE.

Defensa de lo público, tributación en España y no "en paraísos fiscales" o derechos de los trabajadores son los mantras que varios de los representantes de Podemos han repetido en los últimos meses. "Querían que nos retractásemos de nuestros comentarios sobre la evasión fiscal en paraísos, autónomos precarios… y les hemos dicho que no", comentó Juan Carlos Monedero, según publica El Independiente; a lo que añadía, "no vamos a regresar a ese feudalismo digital; defender al taxi es defender la soberanía de España".

Tras la propuesta de decreto firmada por el Govern, que planteaba establecer un tiempo de antelación mínimo de 15 minutos para la contratación de servicios VTC, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y tras mantenerse unos días al margen, ha acusado a la Generalitat de "provocar un incendio". Y es que lo recogido en el texto está lejos de las exigencias de los taxistas: en Barcelona solicitan al menos 12 horas previas a la contratación (o incluso 24 horas), mientras que en Madrid hablan de 6 horas.

“La Generalitat debe hacer una propuesta de sentido común entre los dos extremos: las 24 horas que pide el sector del taxi y los 15 minutos de Calvet. Tiene que haber un plazo más razonable”, manifestaba la edil de la Ciudad Condal, tal y como recoge El País.

¿Y quién defiende a las VTC?

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Pocas formaciones se han posicionado claramente del lado de las VTC en el conflicto. Ni siquiera el Partido Popular o Ciudadanos, pese a que ambas formaciones votaron en contra de la aprobación del RDL promulgado por el Ejecutivo socialista.

De hecho, Albert Rivera, era increpado ayer al llegar a Atocha por taxistas que se concentraban frente a la estación de tren, al que tacharon de "golfo" y "traidor". El presidente de Ciudadanos publicaba un hilo en Twitter comentando lo sucedido, concluyendo que: "Sigo pensando hoy aún más que ayer que los ciudadanos tienen derecho a elegir si se desplazan en taxi, VTC o como quieran".

En lo que respecta al Partido Popular, el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, se reunía ayer lunes con las principales agrupaciones del taxi en Madrid. Un encuentro que los taxistas tildaron de "tomadura de pelo".

En la proposición de los populares no se aludía en ningún momento al tiempo de precontratación de las VTC y Garrido se defendía asegurando que ese es un tema que compete a los ayuntamientos: "Vamos a determinar la captación de los clientes y que las VTC no son taxis, pero la precontratación es competencia de los ayuntamientos", exponía ante los medios Garrido, tal y como recoge El Mundo

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A este discurso claramente neutral y de no tomar partido, se han limitado a criticar al Gobierno por sus 'decretazos' que no solucionan nada, se une un trasfondo de puertas giratorias que vincula al Partido Popular con los principales operadores VTC.

Es el caso de Isaac Martín-Barbero, ex presidente de Ineco, empresa muy ligada a Fomento cuando aún gobernaban los populares, que recalaba en la cúpula directiva de Cabify el pasado mes de octubre. También de Ildefonso Pastor, exdiputado y exsenador del Partido Popular, que era fichado por Uber en 2016 como responsable de relaciones institucionales en España.

Por su parte VOX, tras su ascenso imparable en las instituciones, ha tomado parte en la contienda, en su caso defendiendo de forma velada a las VTC. "En Vox tenemos como principio rector la creencia en la libertad y en la libre competencia, en un entorno justo, sin abusos ni trampas que derriben los salarios o evadan impuestos", comentaba en un tweet Iván Espinosa de los Monteros, responsable de Relaciones Internacionales de VOX, tras ser preguntado por otro usuario en esta red social.

Parece que la formación verde apuesta por la 'vía australiana', que compaginó la liberación del sector con el pago compensatorio para los taxistas tras perder la exclusividad bajo la que habían operado antes de la irrupción de las VTC. Allí, se estableció un marco en el que taxis y VTC compiten en igualdad de condiciones, algo que se antoja complicado en el caso de España.

"Podemos intentar ser un poco más creativos. ¿Y si se liberaliza poco a poco, por ejemplo en los primeros años cediendo licencias VTC a los taxistas, para que puedan venderla (compensación sin coste público), pasarse a dicha fórmula (si creen que es más rentable) o explotar la licencia (con un tercero)?", concluía en su análisis en Twitter Espinosa de los Monteros.

En tierra neutral...

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Finalmente, los dirigentes socialistas, tras pasar la pelota a las autonomías y lavarse las manos en el conflicto, son los que más de perfil se sitúan en la batalla taxi-VTC.

La muestra evidente fue el traspaso de competencias, a lo que se han sumado las últimas declaraciones de varios de sus dirigentes. "Son las comunidades autónomas las que tienen que negociar", ha comentado hoy ante La Sexta Carmen Calvo, vicepresidente del Gobierno, tras ser preguntada por la crisis del taxi. Por su parte, Jose Luis Ábalos, ministro de Fomento, directamente ha optado por callar.

En definitiva, la postura neutral es la menos arriesgada y tras el espaldarazo en las elecciones andaluzas, PSOE opta por minimizar daños en la medida de lo posible.

Veremos en qué acaba todo, pues el grito en el cielo de los taxistas ante los 15 minutos propuestos por Cataluña contrasta con la discoformidad de las VTC, ya que su actual modelo de negocio se basa en la contratación en tiempo real. Por ello, aseguran que tener que operar con precontratación en dicho margen, supondrá el fin de la operatividad de estas empresas en España.

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