El próximo 31 de diciembre se acaba el contrato de concesión de otras dos autopistas de peaje tras años de reprivatizaciones. Así, la AP-4 entre Sevilla y Cádiz y el tramo de la autopista AP-7 entre Tarragona, Valencia y Alicante serán de uso 'gratuito' a partir del 1 de enero de 2020.
Ante esta situación, Abertis ha presentado un expediente de regulación de empleo (ERE) para 140 trabajadores de las dos autopistas; un recorte de personal que afecta a casi la mitad del total de empleados de las dos vías, según informa el diario Público.
La cara B del comienzo del fin de las reprivatizaciones
Los empleados afectados por el ERE, que llevará a cabo Aumar, la sociedad filial de Abertis, son aquellos que realizan las tareas de cobro en las barreras y trabajan en las oficinas, mientras que se espera que aquellos que se dedican al mantenimiento de la infraestructura pasen a formar parte del contrato de conservación que firme el Ministerio de Fomento.
Según los datos publicados, el mayor impacto se lo llevarán los trabajadores de la AP-7 en el tramo de 373 km entre Tarragona y Alicante, puesto que el ERE afectará a 115 trabajadores de 245 empleados que tiene esta autopista de peaje.
En la AP-4 el ajuste afectará a 25 empleados de un total de 60. Según dijo el Gobierno hace unos meses, la licitación de las autopista no incurrirá en gastos derivados de su mantenimiento.
Estas dos autopistas seguirán la estela de la AP-1, ya que el 1 de diciembre de 2018 las barreras de las cabinas de la autopista de peaje AP-1 Burgos-Armiñón (Álava) desaparecieron. Fue la primera en ser liberalizada después de que el Ejecutivo prometiera que eliminará los peajes de las autopistas cuya concesión termina entre 2018 y 2019.
La concesión de las tres autopistas restantes, que son la AP-7 Zaragoza-Mediterráneo, la AP-2 Tarragona-La Jonquera y la AP-7 Montmeló-El Papiol termina en 2021, año en el que puede que tengamos nuevo Gobierno y será este quien decida sobre estos tramos.
Mientras tanto, el Ejecutivo en funciones sigue lanzando "globos sonda" para encontrar un modelo de financiación viable para la red viaria en España.
Este verano, el ministro de Fomento, José Luis Ábalos, explicó que se plantea aplicar el pago por uso de las autovías actualmente 'gratuitas'; un costo que asegura sería "simbólico" en comparación al de las autopistas de peaje.
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