Alejandra Otero
"Que esta sea la última lección para quienes participan en esta ola de violencia política. No pueden esconderse y cumplirán una condena considerable de cárcel para pagar por sus crímenes". Son palabras del Fiscal General adjunto de EEUU y quien lo ejemplifica es Jamison Wagner, detenido por perpetrar lo que ya se condena como terrorismo doméstico.
Se le acusa de incendiar un concesionario de Tesla con napalm que él mismo fabricaba en su casa. También de atacar de idéntico modo la sede del Partido Republicano en Nuevo México. Justicia ya dejó claro que se iba a cortar de raíz la creciente escalada de odio hacia Elon Musk y que se está saldando con ataques indiscriminados a concesionarios, supercargadores o coches de Tesla. Wagner puede pasarse décadas en la cárcel.
"Lanzar bombas incendiarias no es una protesta política"
La oleada de ataques a las dependencias y vehículos de Tesla se ha convertido en asunto de Estado: el FBI ya dispone de un departamento específico para dar caza a estos actos vandálicos. Esta formado por 10 agentes especializados en antiterrorismo. Estos ataques han pasado a calificarse como terrorismo doméstico, a los que se le aplican penas más duras que al vandalismo.
Se creó hace apenas tres semanas, pero ya se han efectuado varias detenciones. El último ha sido Jamison Wagner, residente de 40 años en Albuquerque (Nuevo México).
Bombas caseras de napalm. Según detalla el Departamento de Justicia, el pasado 9 de febrero, de madrugada, un concesionario de Tesla fue atacado con bombas incendiarias. Un coche quedó casi derretido por las llamas y otro sufrió daños. La fachada fue vandalizada con pintadas en rojo y negro con esvásticas y frases como "Muere, Elon" y "Muere, Tesla Nazi".
Posteriormente, el 30 de marzo y también de madrugada, la sede del Partido Republicano de Nuevo México fue igualmente incendiada y vandalizada con spray rojo. Esta vez con una plantilla, "ICE=KKK", dando a entender que los supremacistas blancos (Ku Klux Klan) conducen coches de gasolina (ICE).
Las cámaras del concesionario registraron a una persona vestida de negro con la cara tapada por un pasamontañas, pero en la sede republicana las imágenes captadas por negocios cercanos permitieron identificar al sospechoso, que huyó en un Hyundai Accent blanco: Jamison Wagner.
Dado que en ambos ataques se encontraron los mismos contenedores de vidrio con napalm casero, el FBI concluyó que el atacante del concesionario de Albuquerque y de la sede eran la misma persona. A su vez su descripción coincidía en ambos lugares. Los agentes registraron la casa de Wagner y encontraron ocho idénticos dispositivos incendiaros caseros embalados, diversos materiales para fabricar napalm y la plantilla con la frase "ICE=KKK".
Hasta 20 años de cárcel por cada delito de terrorismo domestico. A Wagner se le imputan dos cargos por daños intencionados y destrucción de propiedad por incendio o explosivos, y puede enfrentarse a condenas de prisión de entre cinco y 20 años por cada cargo. Condenas que, previamente, la Fiscal General Pamela Bondi ya advirtió que se aplicarían por estos actos de terrorismo doméstico. En caso de ser declarado culpable, y de aplicarse la pena máxima, se le podría sentenciar a 40 años de cárcel.
Este de Alburquerque es el enésimo ataque contra dependencias de Tesla en los últimos meses: solo en marzo, se han contabilizado cerca de 50 a lo largo y ancho de EEUU. Estos ataques de odio en realidad se dirigen a Elon Musk, pero lo paga Tesla y también los dueños de los coches de la marca.
Elon Musk sigue despidiendo funcionarios. Más allá de sus radicales posturas políticas y su apoyo a Trump, Musk dirige el Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) que, buscando reducir el gasto funcionarial, ya ha despedido a centenares de funcionarios de organismos como Defensa del Consumidor o de la NHTSA (la DGT en EEUU).
El Gobierno de EEUU quiere cortarlos de raíz: "Lanzar bombas incendiarias no es una protesta política: Es un delito grave que perseguiremos con todas nuestras fuerzas de seguridad", señala Todd Blanche, Fiscal General adjunto.
Imágenes | Departamento de Justicia de EEUU
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