Siguiendo una investigación interna iniciada por Porsche sobre una presunta manipulación de motores, la Autoridad Federal de Transporte alemán ha empezado una investigación paralela en relación a esas mismas mecánicas.
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En mayo de 2017, la Fiscalía alemana inició una investigación en el marco del Dieselgate para averiguar si la cúpula de Volkswagen ocultó intencionadamente al mercado financiero en 2015 el alcance del escándalo para evitar pérdidas.
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Según informan medios alemanes, los cuatro "están acusados de fraude, certificación falsa indirecta y publicidad criminal".
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Se ha detectado software potencialmente ilegal en los motores Multijet de 1.3 litros y Multijet de 1.6 litros utilizados en los motores de Alfa Romeo, Jeep y Fiat, así como en los motores diésel de los vehículos comerciales Iveco.
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Los fiscales de Hannover han registrado locales y oficinas de Volkswagen y Continental. "Estamos investigando a los empleados de Continental por incitar fraudes y por proporcionar documentación falsa", recoge Reuters.
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El tribunal ha estipulado que las personas que compraron un automóvil de la marca Volkswagen equipado con un software ilegal tienen derecho a una compensación.
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La portavoz de la OCU, Iliana Izverniceanu, aseguró que Volkswagen ofreció una gorra y un llavero a los afectados en nuestro país por los motores diésel trucados, al inicio del juicio por la demanda colectiva en España.
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A comienzos de 2017 vimos cómo Volkswagen abandonó cientos de vehículos trucados en aparcamientos con motivo del Dieselgate. Ahora, como una suerte de déjà vu, 2020 ha comenzado dejándonos una estampa similar con cientos de eléctricos.
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Un tribunal de Stuttgart, en Alemania, ha acusado a Daimler de incumplir sus obligaciones bajo la ley del mercado de capitales al no mencionar la existencia de dispositivos de desactivación en sus informes financieros.
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Un tribunal federal australiano ha impuesto una multa de 86 millones de dólares (unos 77,6 millones de euros) al Grupo Volkswagen por engañar a los consumidores australianos acerca de las emisiones reales de decenas de miles de sus coches.
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Esta investigación podría destapar un 'Dieselgate 2' relacionado con el de 2015, ya que se centra en la familia de motores diésel sucesora del escándalo.
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Este lunes ha comenzado en Braunschweig, Alemania, el primer gran juicio entre consumidores afectados por el Dieselgate y Volkswagen. Hasta el momento, alrededor de 467.000 clientes se han unido a la demanda contra el fabricante alemán.
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El consorcio alemán ha respondido que "las acusaciones carecen de fundamento" y confía en que cumplió con todas las obligaciones según la ley de mercados de capitales.
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Volkswagen ya escribía un nuevo capítulo de su historia, lleno de coches eléctricos, cuando volvió el fantasma del escándalo de las emisiones.
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Hasta 3.000 euros por coche: esto es lo que reclaman los afectados españoles por el Dieselgate a través de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU). Tras rechazar el recurso presentado por Volkswagen, el caso se reactiva.
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"Stadler está acusado de haber estado al tanto de las manipulaciones desde finales de septiembre de 2015, pero no impidió la venta de los vehículos Audi y Volkswagen afectados a partir de entonces", ha dicho el fiscal del caso.
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Volkswagen se enfrenta a una macrodemanda colectiva por los afectados europeos del escándalo de las emisiones. En sus peticiones demandan el importe total del vehículo: estaríamos hablando de entre 25.000 y 30.000 euros por coche.
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El señalado como principal conocedor y artífice del escándalo de emisiones de Volkswagen ha sido imputado por varios delitos relacionados con el Dieselgate en Alemania.
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¿Cuál es el problema? Que los vehículos oficiales de muchas autoridades y ministerios alemanes, así como de la policía estatal y federal, provienen del grupo alemán.
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La Audiencia Nacional da carpetazo al caso Dieselgate en España y lo traslada a la autoridad judicial alemana. Durante el plazo de alegaciones, que se abre ahora, los más de 700.000 afectados aún podrán denunciar.
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