Autopistas de peaje

La medida se ha recogido por primera vez de forma concisa en un documento oficial.

Según ha explicado Ábalos durante su intervención en la Cámara Alta, los tramos de la AP-2 y la AP-7 suponen "474 km y más de 13 millones de vehículos que van a dejar de pagar 500 millones de euros cada año por su uso".

Del estudio también se desprende el rechazo al polémico pago por uso de las autovías el descenso en la intención de compra, sobre todo de coches diésel y gasolina y el ajustado presupuesto para la compra de coches eléctricos.

La estrategia comenzó en 2018 y culminará en 2021 con la subida de las barreras de otras tres autopistas de peaje. Una, la AP-2 Zaragoza-Mediterráneo, dejará de estar en manos de Abertis en su totalidad en septiembre.

En este supuesto modelo, serían las empresas de transporte tanto de mercancías como de pasajeros las que tendrían que aportar su granito de arena por beneficiarse de estas vías.

La propuesta del AMB pasa por mantener los peajes cuya concesión acaba el año que viene como peaje de congestión durante los días laborables.

Tres autopistas dejarán de ser de pago en España a partir de septiembre del año que viene: dos tramos de la AP-7 y la AP-2 en su totalidad. Con ellas, hasta seis vías rápidas habrán pasado a gestión estatal desde 2018.

Las concesionarias podrán solicitar la ampliación de concesión al Gobierno, siempre que demuestren pérdida de ingresos durante el estado de alarma.

Uno de los primeros indicativos de que el estado de alarma decretado por el Gobierno, y por tanto las restricciones a la movilidad, están funcionando, es el descenso de la intensidad del tráfico rodado.

Este 2020 dos autopistas pasaron a ser 'gratuitas' el 1 de enero y tras tres harán lo propio en septiembre del año que viene: otros dos tramos de la AP-7 y la AP-2.

La patronal de constructoras y concesionarias españoles ha vuelto a plantear el pago por uso en las principales autovías españolas. La tarifa ahora propuesta, de 9 céntimos por kilómetro, triplica la sugerida anteriormente.

El fallo del tribunal estipula que Audasa incurrió en una práctica abusiva al cobrar durante tres años de obras (entre febrero de 2015 y junio de 2018) el cobro íntegro del peaje en el tramo de la AP-9 mientras se producían incidencias.