El Gobierno sigue con su plan de liberalización de autopistas de peaje que comenzó hace más de dos años. Desde diciembre de 2018 se han subido las barreras de la AP-1, la AP-4 y el tramo de la AP-7 que discurre entre Alicante y Tarragona.
En septiembre le toca el turno a la AP-2 entre Zaragoza y El Vendrell y a la AP-7 entre Tarragona y la Junquera. Así lo ha confirmado en el Senado el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos.
474 km liberalizados
La concesión de los tramos que van a ser liberalizados vence en agosto de 2021, por lo que su uso pasará a ser gratuito a partir del 1 de septiembre.
Según ha explicado Ábalos durante su intervención en la Cámara Alta, los tramos de la AP-2 y la AP-7 suponen "474 km y más de 13 millones de vehículos que van a dejar de pagar 500 millones de euros cada año por su uso".
Así, a las 00:00 del 1 de septiembre de 2021 dejarán de ser de pago:
- Dos nuevos tramos de la AP-7, entre Tarragona y La Jonquera (Gerona) y entre Montmeló y el Papiol. Pasarán a ser gestionadas por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. El tramo Alicante-Tarragona, de 373 km, ya se había liberalizado en enero de 2020.
- Autopista AP-2 Zaragoza-Mediterráneo (Zaragoza-El Vendrell).
- C-32 (Barcelona-Lloret de Mar) y C-33 (Barcelona-Montmeló), que serán competencia de la Generalitat de Catalunya.
Esto implicará la pérdida de empleos, aunque según datos del Gobierno central se ha licitado la explotación de varias áreas de servicio y se han podido salvar cientos de trabajadores de los peajes afectados.
Ojo, porque seguirán siendo de pago los tramos de la AP-7 de Crevillente (Alicante)-Cartagena (Murcia), Cartagena-Vera (Almería) y la autopista de Circunvalación de Alicante. También los de Torremolinos-Guadiaro y Benalmádena-Estepona.
El debate que queda sobre la mesa -y que lleva tiempo ahí- es cómo se van a financiar estas vías. Los diferentes globos sonda que ha ido tirando el Gobierno apuntan a que será un modelo de gestión público-privado en el que los usuarios tendrán que pagar por su uso.
"A los que no les queda otra, como los que van a trabajar, no tienes por qué gravarlos, pero sí a otros a los que la circulación por estas vías les hace ser más competitivos en su actividad, ya que se benefician del nivel de infraestructuras", dijo Ábalos en noviembre de 2020.
Esto implica que las empresas de transporte tanto de mercancías como de pasajeros tendrían que aportar su granito de arena por beneficiarse de estas vías.
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