Un guardia civil de Gran Canaria ha recibido un castigo ejemplarizante: ha sido sentenciado a tres años de prisión y una multa económica de 3.600 euros, además de la inhabilitación de tres años y medio para trabajar dentro de cualquier cuerpo de las fuerzas de seguridad pública.
El castigo ha sido impuesto por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Las Palmas en una decisión motivada por un inexplicable comportamiento del agente al tratar de modificar una multa por conducción temeraria para librar al conductor infractor.
Una multa 'perdonada' en diferido
Según las declaraciones en sede judicial, el agente Miguel Ángel M.R. emitió una sanción a un conductor que conducía de forma temeraria hacia el barrio de La Atalaya en la madrugada del 6 de septiembre de 2014. El guardia civil dio el alto al vehículo, informó al conductor y rellenó el correspondiente boletín de notificación que fue firmado por el conductor.
El agente no cursó la denuncia por sus cauces habituales y la guardó por motivos desconocidos. Cinco meses más tarde, a mediados de febrero de 2015, Miguel Ángel M.R. tomó el boletín, rompió la porción en la que figuraba el nombre del conductor y modificó tanto la fecha, hora y lugar de los hechos para que se correspondieran con otra sanción impuesta a un motorista.
Para guardarse las espaldas, el agente presentó ante la jefatura provincial de tráfico un escrito en el que declaró cómo el boletín original de 2014 se destruyó como causa de una racha de viento que llevó la hoja de papel bajo las ruedas de otros vehículos, quedando inservible y requiriendo la emisión de otro boletín.
El guardia civil sólo declaró haber modificado la fecha del boletín, manteniendo la hora y el lugar. La defensa del acusado también aprovechó para señalar que las manipulaciones podrían venir de una deficiente cadena de custodia motivada por la mala relación entre el agente y su superior al mando. Estas relaciones, según la defensa, eran "muy malas".
De manera añadida, el abogado de Miguel Ángel M.R. también trató de esquivar los hechos apuntando que el documento emitido por su defendido no era oficial, pues según él aún no tenía competencias en materia de Tráfico y estaba destinado a las funciones de seguridad ciudadada. Algo que fue rechazado de pleno por los magistrados al señalar que dichos boletines son un documento propio de la DGT al que sólo puede acceder un funcionario público con competencias.
Las explicaciones del agente no han sido suficientes ni tienen congruencia para la Audiencia de Las Palmas, para quien "no hay correspondencia alguna con la realidad", los datos fueron sobreescritos en el boletín, con una clara intencionalidad, y que las dudas sobre la cadena de custodia nunca fueron manifestadas antes del juicio. Además, el propio guardia civil reconoce haber modificado al menos parte de los datos.
La Sala concluye en la sentencia que la intención de Miguel Ángel M.R. fue sustituir la multa original por otra distinta ocurrida meses más tarde tratando de hacerla desaparecer del tráfico jurídico y evitar que se produjera la sanción, más allá de la simple destrucción de un boletín.
De momento la sentencia aún es recurrible ante el Tribunal Supremo (y con solicitud de indulto mediante), pero de toda esta historia nos falta un dato que no está claro y que sería el que nos diera luz para entender lo que ha ocurrido. Aparte de por qué el agente guardó el boletín durante meses sin cursar el procedimiento administrativo, también es complicado entender qué motivó al guardia civil para tratar no sólo de librar al conductor de la multa, sino imponérsela a otro conductor distinto.
En cualquier caso debió haber alguna motivación oculta para llevar a este agente a meterse en semejantes complicaciones por una multa de tráfico. Ahora le costará el puesto, un tiempo entre rejas y posiblemente buena parte de sus aspiraciones profesionales.
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