La Comisión Europea estudiará si España puede prohibir la venta de coches nuevos de combustión en 2040

La Comisión Europea estudiará si España puede prohibir la venta de coches nuevos de combustión en 2040
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En el extenso debate acerca de qué límites deberán asumir fabricantes y usuarios para frenar el aumento global de temperaturas están los que piden límites más estrictos -véase el Parlamento Europeo- y los que los piden más laxos -la Comisión Europea-.

Esta última facción, representada en España por el comisario de Acción por el Clima y Energía, Miguel Arias Cañete, ha comunicado que estudiará si la propuesta del Gobierno de prohibir la venta de vehículos ligeros que emitan CO₂ de forma directa en España es legal.

Las declaraciones del comisario para La Tribuna de la Automoción han dejado muy clara la postura que la Comisión ya ha tomado: no quieren prohibiciones.

Así, el organismo europeo va a analizar "si la prohibición es conforme o no a la normativa del mercado interno" de forma que tenga lugar "una transición justa que permita la reubicación de trabajadores en el sector de automoción y la formación de nuevos especialistas".

Para Cañete, mejor que prohibir ve menos agresiva una transición suave a través de la tecnología híbrida, de forma que no impacte de lleno en los fabricantes y trabajadores de la esfera de los motores de combustión interna.

Según el comisario, la electrificación genera empleo a largo plazo, pero ante una medida que considera tan drástica como es la de prohibir la venta en 2040 de los coches y vehículos industriales ligeros que emitan CO₂ de forma directa, aboga por la fiscalidad, las ayudas a la compra y sobre todo por la formación profesional.

Lo cierto es que la propuesta que ha presentado el Gobierno de Pedro Sánchez en cuanto al escenario en 2040 es solo un borrador de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética que se presentará, previsiblemente, antes de que termine el año.

La polémica medida incluye los vehículos gasolina, diésel, híbridos y los impulsados por gas y establecerá también la obligación de que todos los municipios con más de 50.000 habitantes cuenten con una zona de bajas emisiones antes de 2023.

Mientras tanto, las negociaciones sobre el objetivo de emisiones, atascadas

La Comisión Europea advirtió hace un par de meses que obligar a reducir las emisiones más de un 30 % destruirá miles de empleos. De hecho, asegura que superando ese objetivo el empleo asociado a la producción de vehículos ligeros de combustión descendería en 2.000 puestos de trabajo.

Ahora, el debate para fijar un objetivo de emisiones para 2030 corre a contra reloj; según Cañete ni el Parlamento ni la Comisión están acercando posturas y cabe recordar que en mayo de 2019 hay elecciones europeas y la Cámara deberá haberse disuelto dos meses antes, por lo que las negociaciones se quedarían colgadas.

El debate gira en torno al 40 % que piden en el Parlamento países como Suecia, Luxemburgo, Irlanda, Eslovenia y Francia frente al 30 % que sugiere al Comisión, respaldada por Alemania y los países del Este. Mientras tanto, España se ha alineado en objetivos intermedios del 35 %.

Recordemos que el Parlamento Europeo, con 751 eurodiputados, representa a los ciudadanos de la UE y es elegido directamente por ellos. Por su parte, los miembros de la Comisión Europea (un equipo de comisarios de cada país), son nombrados por los gobiernos nacionales.

Para el comisario Cañete, urge un acuerdo, pues ni siquiera hay consenso sobre si se establecerán incentivos para aquellos que produzcan más vehículos de cero y bajas emisiones o si habrá penalizaciones para los que no cumplan con una determinada cuota. De no haber consenso, se mantendrán los 95 gramos de CO₂ por kilómetro ya establecidos y no cambiará nada.

Según datos de la propia Comisión, los automóviles son responsables de aproximadamente el 12 % de las emisiones totales de CO₂ de la Unión Europea, y establece una serie de multas a los fabricantes por exceso de emisiones, que van desde los 5 euros por gramo excedido hasta los 95 euros.

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