Irene Mendoza
Los tuk-tuks se han convertido en protagonistas del paisaje del centro de Madrid. Coloridos, silenciosos y omnipresentes alrededor del Palacio Real, la Plaza Mayor o el Mercado de San Miguel, para muchos turistas son una experiencia simpática y distinta. Para vecinos, taxistas y agentes municipales, en cambio, son desde hace tiempo un problema difícil de encajar.
Parte del conflicto es que estos vehículos llevan años operando en un vacío legal. No son taxis, no son transporte público y, por su limitada velocidad, han escapado a las autorizaciones que sí se exigen a otros servicios turísticos motorizados. El resultado es una actividad creciente, muy visible y apenas regulada… al menos de momento.
Un éxito turístico que nadie supo dónde encajar
Desde el punto de vista normativo, los tuk-tuk nunca han encajado bien en la Ordenanza de Movilidad de Madrid. Al no superar los 40 km/h, no necesitan una autorización específica para circular, y tampoco están considerados transporte público ni taxi. Ese encaje ambiguo les ha permitido ofrecer rutas turísticas sin licencias equiparables a las del sector profesional del transporte de viajeros.
Para las empresas que los explotan, el modelo de negocio es redondo: bajos costes, alta demanda turística y libertad de movimientos en zonas muy cotizadas. Para el sector del taxi, en cambio, suponen competencia desleal. Y para muchos vecinos del distrito Centro, una fuente constante de molestias: congestión, estacionamientos improvisados, ocupación de zonas peatonales y maniobras que no siempre respetan el reglamento de circulación.
Quejas constantes de vecinos y taxistas y un problema práctico para la Policía
Asociaciones de vecinos, comerciantes, taxistas e incluso guías turísticos llevan tiempo denunciando el descontrol. El problema es que, sin una norma específica, la actuación policial ha sido limitada y reactiva: sanciones por mal estacionamiento, por invadir carriles o por obstaculizar el paso, pero poco más pueden hacer.
Según datos del propio Ayuntamiento, solo en 2024 los Agentes de Movilidad denunciaron a 901 vehículos de este tipo. Las multas oscilan entre 90 y 200 euros, con posibilidad de reducción por pronto pago. Cantidades que, en muchos casos, no disuaden una actividad rentable y constante.
Ante la presión creciente, el Ayuntamiento de Madrid intensificó en 2025 las campañas de vigilancia en enclaves especialmente saturados: entorno del Palacio Real, Mercado de San Miguel, plaza de Oriente, calle Bailén, calle Mayor o zonas próximas al Retiro. Pero no ha sido suficiente. Desde el Consistorio se reconoce que el problema no es solo de tráfico, sino también de convivencia y uso del espacio público en áreas de alta densidad turística.
La regulación que lleva más de un año sobre la mesa
La solución pasa por una normativa específica, que estaría en su recta final. La vicealcaldesa y delegada de Seguridad y Emergencias, Inma Sanz, confirmó en octubre de 2025 que el texto se encontraba en fase avanzada de tramitación entre las distintas áreas de Gobierno. Lo que se busca es ordenar la actividad sin eliminarla.
Madrid ya ha vivido procesos similares con otros fenómenos de movilidad urbana (patinetes eléctricos, VTC o bicicletas de alquiler, por ejemplo) y la experiencia demuestra que dejar crecer estos servicios sin normas suele acabar igual de mal: intervención tardía, conflictos y desgaste para quienes lo viven día tras día.
Imágenes | Ayuntamiento de Madrid, Booking
En Motorpasión | India es lo que Europa quiere y no puede: han empezado a vender coches eléctricos por 275 euros y a fabricar microchips para liberarse de China
Ver 1 comentarios