Irene Mendoza
La imagen idílica del caravaning como símbolo de libertad, choca de frente con una realidad muy distinta en Palma de Mallorca, pues varios caravanistas han denunciado recientemente a la COPE la existencia de un presunto negocio ilegal que utiliza caravanas viejas y sin regularizar para alquilarlas como vivienda a personas en situación vulnerable que no pueden permitirse otra solución habitacional.
En concreto, según las declaraciones recogidas por la radio, una persona de la isla llevaría al menos tres años importando caravanas desde la península para repartirlas por distintos puntos de Palma a cambio de alquileres desde unos 250 euros mensuales. Muchas de estas unidades presentan un estado muy deteriorado y, en algunos casos, ni siquiera tendrían ITV, seguro o documentación en regla.
Matrículas de vehículos dados de baja y caravanas desenganchadas en plena calle
Además de aprovecharse de la necesidad de sus “clientes”, el supuesto negocio ilegal funcionaría aprovechando varios vacíos administrativos. Pues, según denuncian los caravanistas, algunas de estas caravanas llevarían matrículas pertenecientes a vehículos dados de baja procedentes de desguaces para dificultar la tramitación de multas.
Después, estas “caravanas zombies” son desenganchadas en la vía pública y utilizadas como vivienda permanente, con lo que esto conlleva. Como ya dejó muy claro la instrucción PROT 2023/14 de la DGT, en España no es lo mismo pernoctar que acampar: dormir dentro de una camper o autocaravana bien estacionada es legal, pero dejar una caravana fija ocupando espacio público pasa a considerarse acampada ilegal.
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El problema es que muchos de los inquilinos ni siquiera disponen de vehículo tractor para mover las caravanas, como explicaban los propios caravanistas en COPE. Por eso “no pueden cumplir con la ordenanza de movilidad de los diez días” y, al estar desenganchadas, “están acampados”, lo que ya pasa a no ser legal.
Eso obliga a moverlas periódicamente de sitio, pero los ocupantes dependen del mismo arrendador que las alquila para poder desplazarlas, creando una situación de dependencia que acaba dejando estos remolques convertidos en asentamientos permanentes en zonas como Son Hugo.
El lado más precario de la crisis de vivienda también ha llegado al caravaning
Más allá de la infracción administrativa, el caso refleja un problema cada vez más visible en España: usar caravanas como último recurso ante la imparable escalada de los precios de la vivienda. Porque aquí no hablamos de viajeros que deciden vivir en su camper, sino de personas atrapadas en soluciones extremadamente precarias y fuera de cualquier control.
Además, el estado de algunas de estas caravanas preocupa especialmente dentro del sector. Muchos remolques antiguos arrastran instalaciones de gas obsoletas, humedades, problemas eléctricos y ausencia de sistemas adecuados de residuos o mantenimiento. En la práctica, son habitáculos que nunca deberían utilizarse como vivienda permanente.
La situación preocupa también dentro del mundo caravanista, donde desde hace años se insiste en separar el uso turístico y responsable de campers y autocaravanas de los asentamientos ilegales. Sostienen que, buena parte de las restricciones que existen hoy en algunas ciudades, nacen precisamente de conflictos relacionados con ocupaciones prolongadas del espacio público y acampadas fuera de norma.
Mientras tanto, el problema sigue creciendo alimentado por la crisis de vivienda y la falta de alternativas para quienes ya no pueden acceder a un alquiler convencional.
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