Quién es y qué reclama la Plataforma que ha promovido el paro del transporte: un conflicto con el precio del diésel como excusa
La Plataforma en Defensa del Sector Transporte (una asociación que representa a transportistas autónomos y pymes) convocó un paro nacional "indefinido" el pasado día 14 ante lo que han descrito como una "situación económica de quiebra total" que, lejos de encontrar una solución, no deja de agravarse ante la falta de consenso.
No todo el sector de transportes ha apoyado este parón empresarial que ya está ocasionando innumerables problemas en todo el territorio nacional: no cuenta con el respaldo del Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), la gran patronal, ni tampoco lo han apoyado los sindicatos.
¿Quién está detrás de la Plataforma? ¿Qué medidas han reclamado al Gobierno? Y ¿por qué no están de acuerdo con las medidas alcanzadas por el CNTC? Lo repasamos.
Quién conforma la Plataforma en Defensa del Sector de Transporte de Mercancías por Carretera
La Plataforma en Defensa del Sector de Transporte de Mercancías por Carretera es una asociación que aglutina tanto transportistas autónomos como pequeñas empresas o pymes, y tiene su origen a finales de 2007.
Entonces, y ante el descontento con las asociaciones y federaciones que les debían representar ante el ejecutivo (la mayoría, integradas en el Comité Nacional de Transportes por Carretera o CNCT), varios transportistas deciden crear sus propias asociaciones.
Por una parte se formó una asociación compuesta por seis transportistas gallegos y, por otra, una conformada por tres albaceteños.
Ya en marzo de 2008 ambas deciden unir fuerzas para “constituir una organización donde agrupar a medianas y pequeñas empresas de transporte” y se fusionan en la denominada “Plataforma en Defensa del Sector de Transporte de Mercancías por Carretera Nacional e Internacional”, más conocida como Plataforma.
En junio de 2010 la Plataforma cesó temporalmente su actividad y han llegado a denunciar que “algún año después y por parte de personas fuera del ámbito de los fundadores de la asociación, se intentó hacer alguna acción utilizando el nombre de la Plataforma”. Hace unos meses retomaron oficialmente su actividad y, en la actualidad, dirige la Plataforma Manuel Hernández.
Por su parte, el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC) es una entidad constituida por asociaciones profesionales del transporte, también a nivel nacional, y opera como intermediario del sector con el Gobierno. Esta entidad está regulada por la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres y su Reglamento y se elige democráticamente cada cuatro años.
De las entidades que constituyen el CNTC, la principal es la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), ya que integra más de la mitad de los miembros de este comité (un 52 %), estando formada por nueve organizaciones nacionales, cinco autonómicas y 40 provinciales.
Qué reivindica la Plataforma
¿Qué pide exactamente la Plataforma? A diferencia de las medidas que solicitaban desde el Comité Nacional (y que giran principalmente en torno a la contención de los precios del combustible que se ha disparado en las últimas semanas), ninguna de las reivindicaciones de la Plataforma tiene relación directa con la subida del precio del combustible.
La batería de medidas que exige la Plataforma y que ha trasladado al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y al Ministerio de Trabajo y Economía Social es un decálogo de puntos en el que solo se hace referencia indirecta al precio de los combustibles aquí:
"Prohibición sin posibilidad de pacto en contra, ni de acuerdos contractuales, de la contratación de los servicios de Transporte de mercancía por carretera por debajo de los costes de explotación, siendo la referencia del importe del coste y de manera oficial, el Observatorio de Costes que publica el Ministerio de Transportes".
Al consultar el observatorio vemos que el precio del carburante se incluye como parte de la fórmula final para calcular el coste de explotación por vehículo, valorando el precio de los carburantes solo como una variable más junto al resto de costes (amortización, financiación, costes fiscales, seguros, laborales...) para el cálculo del coste total.
En la petición en el punto primero de las exigencias al Gobierno, lo que reclama la Plataforma es "repercutir unos precios dignos que nos garanticen la rentabilidad de nuestros camiones sean cual sean nuestros costes", es decir, no reclaman ninguna rebaja en el precio de los combustibles.
Lo que sí reclaman son medidas estructurales en el sector como la edad de jubilación a 60 años, reconocimiento de enfermedades laborales, limitación de subcontratas, limitaciones de los tiempos de descanso, control sobre las cooperativas de transporte o mejorar la seguridad en las áreas de descanso como nos trasladó el propio Manuel Hernández.
Sin embargo, varias de ellas ya han sido contempladas en las medidas recogidas en la disposición que se ha hecho efectiva ahora.
La guerra es por tanto entre Plataforma y las grandes operadoras que según ellos "monopolizan el sector del transporte, reclaman medidas de protección para los transportistas y ponen el foco en unas condiciones" que "llevan muchos años soportando a pérdidas".
Por supuesto que los transportistas autónomos y pequeños empresarios que se manifiestan en las calles reclaman una bajada en el precio de los carburantes, pero no entra en la postura oficial de Plataforma que está aprovechando esa coyuntura para airear otras reclamaciones.
El origen de las disputas entre Plataforma y Comité Nacional de Transporte
🔊🔊 Escucha la entrevista completa a nuestro presidente, Ovidio de la Roza, en @LasMananas_rne 👇
— CETM (@CetmTransporte) March 22, 2022
"Tenemos a la vista el 25 de marzo. Se nos garantizó que serán medidas semejantes a las de países del entorno". https://t.co/X6BSG5UWQj#transporte #transportistas #CETM #CNTC
El conflicto entre la Plataforma y el CNTC que hace que no se pongan de acuerdo en sus reivindicaciones tiene su origen en los acuerdos firmados en diciembre entre la patronal y el Gobierno, materializado en 20 medidas concretas para mejorar tanto la situación del sector como de los propios transportistas.
De las mismas, ocho son de carácter normativo y se han incluido en una disposición recogida en el Real Decreto Ley 3/2022, publicado en el Boletín Ofical del Estado (BOE) el pasado día 2 de marzo.
Ni la mayoría de los integrantes del CNTC ni de la CETM secundan el paro convocado por la Plataforma ya que “no lo consideran una solución eficaz” y apelan a que “es el momento de hacer efectivas las medidas” acordadas en diciembre.
Asimismo, el CETM alude a los nuevos acuerdos alcanzados con el Gobierno en la última reunión como un logro para el sector, que se resumen ayudas directas al sector por valor de 500 millones de euros para bonificar el petróleo a partir de abril, la devolución mensual del gasóleo profesional y la publicación semanal del Índice de Variación del Precio del combustible.
La Plataforma se muestra en desacuerdo con estas medidas por considerarlas “poco concretas”, y según su presidente “solo benefician a los grandes operadores”.
Por el momento sigue adelante con los paros (a los que acaban de sumarse entidades como Fetransa, Fenadismer o Feintra), cuyas consecuencias negativas ya se están haciendo notar dejando tras de sí un reguero de incidentes ocasionados por piquetes violentos y, en algunos casos, también problemas de suministro.
No es una huelga, es un paro patronal
Nos encontramos ante el debate de si lo que está pasando con el sector del transporte es una huelga o no. Estos conceptos difieren, pues atendiendo a la normativa, la huelga es un derecho individual ejercido por los trabajadores asalariados y recogido en el artículo 28.2 de la Constitución.
Al tratarse de autónomos y pymes, lo que está ocurriendo es un cierre patronal, que no tiene amparo constitucional. Además, los trabajadores autónomos no tienen derecho a huelga como tal, al ser trabajadores por cuenta propia.
En este sentido hay que destacar que, según los estatutos de la Plataforma esta es concretamente "una asociación". Es decir, un colectivo de empresarios de pequeñas y medianas empresas, pero no un sindicato. Por tanto, pueden convocar un paro, pero legalmente no podrían convocar una huelga.
En el ejercicio de su libertad los trabajadores y al mismo tiempo empresarios del sector se están manifestando para visibilizar sus reclamaciones, tanto las que están incluidas dentro de la movilización de Plataforma como las que no. Entre tanto tenemos la cara B: empresas de transporte que han decidido no secundar el paro y los servicios de transporte internos de algunas empresas que se están viendo afectados por este cese de actividad.
Empieza a haber problemas de abastecimiento en empresas de hostelería o superficies comerciales, pero también algunos incidentes ocasionados actuaciones violentas que desde la Plataforma han asegurado estar orquestadas por infiltrados, según declaraciones de Hernández.
Pedradas en los vehículos y pinchazos en las ruedas, necesidad de escolta para cumplir con su trabajo, o agresiones verbales y físicas a los propios transportistas, son innecesarios ejemplos hacia otros miembros del sector dentro de una protesta totalmente legítima.
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