La Dirección General de Transportes y Movilidad de la Generalitat de Catalunya anda tras la pista de Uber en Barcelona. Ayer, tras reunirse con el Sindicat del Taxi de Catalunya, el organismo público advirtió que se ha abierto un expediente informativo para "controlar que todas las actividades anunciadas para esta empresa se hacen bajo el vigente marco normativo".
¿Qué significa eso? Hoy por hoy, la legislación vigente en Cataluña establece que las actividades de transporte de personas que se realizan mediante pago son transporte público, por lo que precisan de una autorización administrativa previa, ya sea como taxi o como alquiler de vehículo con conductor. A la práctica, trabajar sin licencia se puede sancionar con hasta 2.000 euros.
Por el momento, la medida no va más allá de lo estrictamente formal. A nadie se escapa, sin embargo, que al margen de cuestiones relacionadas con el sector del Taxi hay asuntos de fiscalidad. Tal y como recuerda la Confederación del Taxi, Uber "fomenta la economía sumergida" ya que propone actividades lucrativas "sin que quienes las realizan estén dados de alta en actividad económica alguna ni tengan cotizaciones laborales ni fiscales ni estén sometidos a control administrativo alguno".
La acción de la Generalitat, aunque haya sido suave con Uber, constituye un importante aviso a navegantes: quien quiera montarse un negocio basado en transportar personas de un lugar a otro, con independencia de cómo capte su clientela, tiene que pasar por el mismo aro que los taxistas de toda la vida. Un aro que se presenta estrecho, aunque ese es otro tema; un tema que se pospone siempre que sale a colación, por cierto.
Vía | El Periódico. ¡Un saludo para Gulf! En Motorpasión | ¿Cómo crees que acabará el lío de Uber en España? La pregunta de la semana
