China ha fabricado tantos paneles solares que ha reventado su propio mercado y precios. En 2024 produjo 588 GW de celdas fotovoltaicas frente a una demanda mundial de 451 GW, un desajuste que ha provocado pérdidas superiores a 60.000 millones de dólares. Pekín prepara ahora un fondo de rescate para cerrar fábricas y frenar la sangría.
China ha logrado algo que ningún otro país ha conseguido en la industria energética moderna, controlar el 90% de la fabricación mundial de celdas solares. Y ese mismo dominio la está llevando a la ruina.
Fabricar para tener paz social
El patrón es conocido. Pekín lo aplicó antes con el acero, con los astilleros, con las baterías de litio y también con el coche eléctrico. Entre 2020 y 2023 redirigió capital desde el ladrillo hacia lo que llamó las tres nuevas industrias de crecimiento: solar, coche eléctrico y baterías. El resultado fue una expansión de capacidad industrial sin precedentes (hay más de 100 marcas de coches eléctricos, por ejemplo), financiada con crédito barato y con el respaldo de los gobiernos provinciales, con ayudas directas, fiscales, terrenos, etc.
El problema llegó cuando la oferta de placas solares superó a la demanda. Según cifras recogidas por el Financial Times, China fabricó 588 GW de celdas solares el año pasado. La demanda mundial fue de 451 GW. Sobraba más de un cuarto de toda la producción.
Ese desajuste hundió los precios del polisilicio hasta rozar los 50 yuanes por kilo, un nivel que no cubre costes para casi ningún fabricante. Las cinco mayores fotovoltaicas chinas han recortado sus plantillas un 31%, unos 87.000 empleos, y el sector acumula pérdidas que superan los 60.000 millones de dólares.
El propio diseño del sistema implantado por China es el que provocó la crisis. La dictadura se asienta, entre otros pilares, sobre la paz social, así que Pekín premia a los gobiernos provinciales por empleo y producción, no por rentabilidad. En estas condiciones, ningún funcionario local tiene interés en cerrar una fábrica deficitaria mientras dé trabajo. El resultado es una competencia feroz entre regiones que nadie quiere frenar y que termina devorando los márgenes de toda la cadena de producción.
El sector ya lo intentó arreglar por su cuenta. En 2024, Longi, Tongwei y JA Solar firmaron un pacto de autolimitación de producción calcado sobre el funcionamiento de la OPEP. No sirvió de nada. Sin mecanismo vinculante, cada fabricante apostó a que los demás recortarían primero, y la producción siguió subiendo.
Ahora entra el Estado con un rescate. Bloomberg cifra el fondo en al menos 50.000 millones de yuanes, unos 7.000 millones de dólares, destinados a comprar y desmantelar más de un millón de toneladas de capacidad de polisilicio. El Ministerio de Industria ha citado a directivos de catorce compañías para exigir cierres de plantas infrautilizadas.
El problema es la magnitud del ajuste necesario. Los analistas calculan que hay que eliminar entre el 20% y el 30% de la capacidad instalada para devolver la rentabilidad al sector. Ese porcentaje implica cerrar fábricas enteras en provincias que llevan una década construyendo su modelo económico local sobre el empleo fotovoltaico. Ahí está el verdadero cuello de botella del plan, más político que industrial.
Ahí queda la paradoja de fondo. El mismo aparato estatal que subvencionó la sobrecapacidad hasta el colapso es ahora el que tiene que desmontarla a la fuerza, porque el mercado, dejado a su suerte, solo sabía producir más barato hasta arruinarse a sí mismo.
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