La reacción de las autoridades catalanas frente a la sentencia que anula la ordenanza de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de Barcelona no se ha hecho esperar. Según informa El País, tanto la propia Generalitat de Cataluña como los ayuntamientos afectados están ya preparando sus recursos para presentarlos en casación ante el Tribunal Supremo.
En esta acción, los consistorios de Barcelona, L’Hospitalet de Llobregat, Cornellà, Esplugues y Sant Adrià de Besòs irán presentando en cadena sus escritos con la intención de "evitar que la sentencia sea firme", tal y como declara la teniente de alcalde de Ecología y Movilidad del Ayuntamiento de Barcelona, Janet Sanz.
Esta respuesta tiene lugar apenas unos días después de conocer la sentencia emitida por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), la cual afirma que las restricciones aplicadas sobre los vehículos son desproporcionadas, carecen de informes que las justifiquen y su ámbito zonal es excesivo.
Las restricciones seguirán en pie
Si bien no han concretado todavía su estrategia jurídica, estos ayuntamientos tienen previsto defender la ZBE en base a un argumento común, el cual pasa por justificar el beneficio de sus restricciones para la salud de la población. Asimismo, se apoyarán en la obligatoriedad de su existencia, respaldada por las normativas europeas sobre calidad del aire.
Los recursos serán presentados ante el Supremo en secuencia, siendo los dos primeros los del Ayuntamiento de Barcelona (principal interesado) y la Generalitat (que posee competencias en la materia) El resto de municipios del área metropolitana barcelonesa harán lo propio a continuación.
Mientras tanto, otras localidades catalanas que ya se encontraban preparando la puesta en marcha de sus propias ZBE de cara a 2023 (como Gerona o Reus) han expuesto sus dudas tras conocer el dictamen del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Así lo ha confirmado el director general de Calidad Ambiental de la Generalitat, Marc Sanglas.
Por este motivo, el siguiente paso del ejecutivo catalán será organizar una reunión con autoridades de estas ciudades a fin de resolver dichas dudas y adoptar una línea de acción conjunta para blindar jurídicamente las futuras ZBE que deberán establecer por ley a partir del año que viene.
En paralelo, la presentación de los recursos ante al Supremo paralizará la anulación de la ZBE barcelonesa, lo que permitirá mantener las restricciones para los vehículos más contaminantes. Aquellos que las incumplan, cometerán una infracción grave que la nueva Ley de Tráfico castiga con multa de 200 euros.
Con su decisión de recurrir la sentencia, la Ciudad Condal sigue definitivamente los pasos de Madrid Central, cuyo destino quedó decidido en el mismo tribunal hace apenas un año.
No obstante, la jurisprudencia no acompaña a los políticos catalanes: después de que el Supremo refrendara la anulación de la zona sin emisiones madrileña, su alcalde José Luis Martínez-Almeida se vio obligado a sustituir por completo el plan original, dando lugar al actual Madrid 360.
En Motorpasión | Los 10 coches que menos consumen y contaminan | El porqué de los planes anticontaminación: así calcula la UE las multas que impone a quienes se pasan de emisiones
