Los reguladores antimonopolio de la Unión Europa tienen en el punto de mira un presupuesto de España destinado a la planta que tiene el Grupo PSA en Vigo. Se trata de 20,7 millones de euros procedentes del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) y que España comprometió a la fábrica viguesa en 2017.
Aunque no se han desembolsado, la Comisión Europea sospecha que los fondos pueden incumplir las normas comunitarias sobre ayudas estatales regionales.
Las ayudas, en la cuerda floja
Lo que las autoridades europeas investigan es si esta inversión, iniciada por la Xunta de Galicia, puede llegar a favorecer a PSA sobre otros fabricantes.
En un comunicado de prensa publicado por la Comisión, la comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, ha explicado: "La Comisión investigará detenidamente si el apoyo previsto de España es realmente necesario para que Peugeot invierta en procesos de producción genuinamente innovadores en Vigo y si va a impulsar más la región sin afectar indebidamente a la competencia o dañar la cohesión en la UE".
Por otro lado, las inversiones de grandes empresas en instalaciones de producción existentes generalmente no son elegibles para recibir ayuda de inversión regional, excepto si permiten cambios fundamentales e innovadores en el proceso de producción que se aplican por primera vez en el sector en cuestión.
En este sentido, la Comisión tiene dudas sobre si el proceso de producción planificado es lo suficientemente innovador para hacer una excepción.
Por su parte, el grupo francés ha restado importancia al asunto apuntando a que las ayudas no se han hecho efectivas y que "es una etapa habitual en el procedimiento normal de control de las ayudas estatales", según explica El País.
De momento PSA está invirtiendo alrededor de 500 millones de euros en nuevas líneas de producción para el lanzamiento de nuevos coches eléctricos, como el misterioso SUV 'V20', del que el fabricante galo espera fabricar hasta 250.000 unidades al año.
El FEDER tiene como objetivo fortalecer la cohesión socioeconómica dentro de la Unión Europea corrigiendo los desequilibrios entre sus regiones y centra sus inversiones en áreas como innovación e investigación, apoyo a las pequeñas y medianas empresas o la economía de bajas emisiones de carbono.
Para que esta ayuda sea aprobada, debe incentivar la inversión privada, mantenerse al mínimo necesario y no debe atraer la inversión de una región en otro Estado miembro que esté en desventaja.
Con todo esto sobre la mesa, será la Comisión la que decida si esas ayudas impulsadas por la Xunta salen adelante o no.
