¿Cuánto dinero han perdido los españoles por culpa del subsidio de 20 céntimos a los combustibles? Esta pregunta es el punto de partida de un estudio que analiza cómo se distribuyó el subsidio y los efectos que tuvo tanto su aplicación como su desaparición en el precio del diésel y la gasolina 95 en España.
Los autores de la investigación ya han avanzado algunas de sus conclusiones que, entre otras cosas, ponen sobre la mesa cómo las petroleras elevaron el precio del diésel casi seis céntimos el litro y engordaron sus beneficios en detrimento de los consumidores.
En el caso del diésel, solo 14 céntimos del descuento a los consumidores
Según el avance del estudio que se publicará íntegro próximamente, del coste total que supuso la bonificación del Gobierno a las arcas públicas entre abril y diciembre de 2022, unos 4.233 millones de euros, el 17 % se quedó en las petroleras: es decir, 723 millones de euros. Además, un 4,8 % de la medida (202 millones de euros) retornó al Estado vía IVA.
Asimismo, entre las conclusiones más destacadas de la investigación de los profesores de Economía de la Universidad de Las Palmas (ULPGC), Juan Luis Jiménez y José Manuel Cazorla Artiles, Jordi Perdiguero, académico de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), queda en evidencia que “los consumidores llegaron a pagar el litro de diésel hasta 5,95 céntimos de euro más caro” mientras estuvo en vigor el subsidio.
4⃣ Resultados
— Juan Luis Jiménez (@JuanLuis_JG) March 1, 2023
Las estimaciones señalan que:
1. Los precios finales de gasolina 95 no se vieron alterados, en media, ni durante el subsidio ni tras este.
2. Los precios medios finales del diésel durante el periodo del subsidio, y debido a este, aumentaron en 5,95 céntimos €. pic.twitter.com/oLMFuprwYK
En el caso de la gasolina 95, esta política que nació para contrarrestar la crisis energética y la subida de los precios, “no tuvo efecto alguno en los precios finales". Pero en el caso del diésel, de los 20 céntimos por litro del descuento los consumidores solo se habrían beneficiado de 14, mientras que unos 4,7 se quedaron en las petroleras y 1,3 se destinaron a impuestos.
Como explica Jiménez, “para la elaboración de esta investigación compararon los precios medios semanales de la gasolina 95 y diésel, tanto antes como después de impuestos, desde la primera semana de enero de 2022 hasta la tercera de febrero de 2023 (a través de la Comisión Europea en el Weekly Oil Bulletin)”.
Además, se tuvo en cuenta la cotización semanal media del barril de crudo tipo Brent, expresado en euros y tras aplicar el tipo de cambio euro/dólar. “Este periodo temporal nos permite tener información tanto del periodo previo a la introducción del subsidio, como durante la aplicación de este y su posterior eliminación”, dice el economista.
Para cuantificar los efectos del subsidio (y de su desaparición), los investigadores compararon los precios en España respecto a un grupo de control conformado por aquellos países que no aplicaron ninguna política de descuento a los combustibles: Austria, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Letonia, Lituania y Eslovaquia.
Según los datos analizados, en 2023 y tras finalizar el subsidio, los precios finales de los combustibles “son estadísticamente similares al periodo previo al subsidio”. Es decir, para el caso del diésel disminuyeron gracias a la desaparición del subsidio.
Así, a partir de lo analizado en el estudio, el descuento de los 20 céntimos además de letra pequeña tuvo pros y contras. En el lado positivo “posiblemente redujo algunas décimas el Índice de Precios al Consumo (IPC) y aumentó ingresos públicos porque el aumento del precio supuso una mayor recaudación del IVA”.
Entre los efectos negativos, más amplios, los expertos señalan que la medida “puede haber generado mayor consumo, y por tanto más contaminación”, además de que se beneficiaron de ella en mayor medida las rentas más altas (una medida regresiva en un país donde el 73 % de los hogares más pobres no consumen combustibles).
En definitiva, “se trata de una medida de política económica que, aunque puede ser parcialmente efectiva en la contención del IPC, tiene un destacable coste económico y un impacto redistributivo nada trivial”, dice Jiménez.
El experto apunta a que, de cara a políticas futuras, “sería necesario evaluar mecanismos alternativos, igual o más eficaces en la contención del IPC”, que tengan un menor coste para la sociedad y la eficiencia en el uso del dinero público.
