Daniel Murias
Con el calor y el verano, hay ganas de piscina, especialmente si la playa nos queda lejos. Cuando hay espacio, poder instalar una piscina en el jardín, aunque sea desmontable, es una bendición. De hecho, para que no suba el IBI, muchos optan por una piscina desmontable. Además, es mucho más barata que una de obra.
Sin embargo, que Hacienda vea las imágenes satélites de tu casa con una piscina en el jardín, puede dar lugar a interpretaciones y causarte algunos problemas además de una subida en el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI).
Querías una piscina desmontable para el verano. Hacienda tenía otros planes
Ocurrió en Francia. Un satélite detectó la piscina que Daniel había instalado en su jardín, al norte de París. Era una piscina desmontable instalada sobre una base de hormigón. Eso sí, era lo mejor de las desmontables: 10 metros de largo, 5 de ancho con 1,30 metros de profundidad. Llenarla requería 53.000 litros de agua, casi nada. La losa de hormigón sobre la que la había instalada servía en invierno de almacén de leña. Nada que, en principio, debiera preocupar a la administración.
Sin embargo, pocos meses después llegó la notificación del catastro francés. El sistema de detección automatizada había identificado una piscina no declarada en su propiedad. Tenía que regularizarla, y eso significaba una subida en su equivalente al IBI.
El problema es que Daniel había hecho los deberes. Antes de comprarla, consultó al ayuntamiento y a varios gestores especializados. Eligió un modelo que, según la normativa, se clasifica como bien mueble —es decir, no anclado de forma permanente— y por tanto no tendría que tributar como construcción fija. La ley era favorable, pero el algoritmo no hizo la distinción.
En vista cenital, el tamaño grande de la piscina más la losa de cemento alrededor, tenía toda la pinta visualmente de ser una construcción permanente. A partir de ese punto, su caso entró en un limbo: solo un órgano arbitral podía resolver si la piscina alteraba o no su base imponible. Y mientras tanto, el verano avanzaba.
El mismo problema, a 800 kilómetros
Lo de Daniel no es un caso aislado ni exclusivamente francés. En España funciona una lógica casi idéntica. Desde 2013, el Catastro usa imágenes aéreas, satélites y drones, para localizar construcciones y piscinas no declaradas. Solo en 2020, en Galicia se identificaron 7.132 piscinas sin regularizar. En Madrid, en 2022, la cifra superó las 11.500.
La tecnología que hay detrás no es nueva, pero su aplicación masiva sí lo es. El sistema detecta elementos desde el aire, los coteja con las referencias catastrales existentes y genera alertas. El inconveniente es que una piscina desmontable de grandes dimensiones puede confundirse con una de obra si el nivel de detalle de la imagen no es suficiente.
En España, las piscinas desmontables están exentas de IBI con carácter general. No se consideran bienes inmuebles porque pueden retirarse sin dejar huella permanente en el terreno. Ahora bien, a partir de cierto volumen, habitualmente 5 m³, algunos ayuntamientos aplican criterios propios, y ahí empieza el margen de interpretación.
Si el catastro manda una notificación, el propietario tiene 15 días para presentar alegaciones, acompañadas de fotografías y documentación que acrediten el carácter desmontable de la instalación. El recurso se presenta ante el Tribunal Económico Administrativo o ante la Gerencia del Catastro. Si la reclamación no prospera, una piscina puede encarecer el IBI entre un 5% y un 15%.
En ocasiones, el problema no es Hacienda, sino las ordenanzas municipales que, a pesar de todo, te impidan disfrutar de la piscina. Las restricciones de uso del agua por sequía, que en muchas zonas de España son ya una variable estructural, no una excepción, pueden impedir el llenado de instalaciones por encima de los 5 m³.
Imágenes | Ministerio de Hacienda, Kelly, Shelbey Hunt
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