Han pasado casi diez años desde que se destapó el Dieselgate, el fraude de emisiones de Volkswagen que sacudió los cimientos de la industria del automóvil. Esta semana, por fin un tribunal alemán ha dictado varias sentencias de prisión contra cuatro ex altos cargos del grupo, aunque la causa sigue sin resolverse del todo.
Por el momento, el fallo llega tras un proceso judicial que se ha alargado durante cuatro años y que ha revelado el alcance de una trama de manipulación que afectó a millones de vehículos en todo el mundo, incluidos más de 680.000 en España según la OCU.
El primer gran juicio penal por el caso Dieselgate ya tiene sentencia
El Tribunal Regional de Braunschweig ha condenado a cuatro exdirectivos de Volkswagen AG por su papel en el escándalo de las emisiones diésel. El más castigado ha sido Jens Hadler, antiguo responsable del desarrollo de motores diésel entre 2007 y 2011, quien ha recibido una pena de cuatro años y medio de prisión por la venta de más de dos millones de vehículos manipulados.
Le sigue Hanno Jelden, exjefe de electrónica de propulsión, que cumplirá 2 años y 7 meses de cárcel. Por su parte, Heinz-Jakob Neusser, exmiembro de la junta de desarrollo de la marca Volkswagen, ha sido condenado a 1 año y 3 meses de prisión, aunque en régimen de libertad condicional. Un cuarto acusado, identificado como Thorsten D., ha recibido una condena también condicional de 1 año y 10 meses.
Las penas responden a delitos de fraude agravado por la venta de coches con motores equipados con un software diseñado para engañar a las pruebas oficiales de emisiones. Estos dispositivos, conocidos como ‘defeat devices’, reducían artificialmente las emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx) durante los ensayos en laboratorio, mientras que en condiciones reales de conducción superaban ampliamente los límites legales.
Según el tribunal, la manipulación se decidió en una reunión clave celebrada en 2006, en la que participaron tres de los acusados. La estafa se mantuvo durante años y se extendió a millones de vehículos diésel vendidos en Europa y EEUU.
Durante el juicio, el juez Christian Schütz dejó claro que los acusados actuaron con conocimiento y voluntad de engañar tanto a las autoridades como a los consumidores. “Está clarísimo que esto no se ajustaba a la ley”, sentenció. La condena más severa recayó sobre Hadler por su posición de liderazgo: “Tenía la capacidad de parar las cosas”, recalcó el juez. Neusser, por su parte, alegó que no conoció el truco hasta 2013, pero aun así se le atribuye un daño económico de casi 27 millones de euros por no impedirlo.
Un juicio largo, pero que aún está lejos de ser definitivo
El proceso ha durado 175 días, a lo largo de cuatro años, con múltiples retrasos, incluida la pandemia de Covid-19. Aunque se trata del primer juicio penal importante sobre el caso en Alemania, no será el último. Actualmente hay 31 personas más acusadas a la espera de juicio, y el próximo proceso está previsto para noviembre.
Martin Winterkorn, el entonces consejero delegado de Volkswagen y rostro más conocido del escándalo, ha esquivado hasta ahora una condena directa. Su juicio se ha aplazado repetidamente por problemas de salud. Tiene 78 años y mantiene que no cometió ningún delito.
A pesar del peso del fallo, la defensa ha anunciado que apelará las sentencias, alegando desproporción en las penas y asegurando que los acusados han sido convertidos en “chivos expiatorios” de una trama que, según el propio juez, fue mucho más extensa y en la que participaron numerosos responsables que no han sido procesados.
Impacto económico y judicial global: el caso de España
Desde que se destapó el escándalo en 2015, cuando la Agencia de Protección Ambiental de EEUU descubrió la manipulación, Volkswagen ha desembolsado más de 33.000 millones de euros en multas, indemnizaciones y recompra de vehículos. Solo en EEUU las sanciones superaron los 37.000 millones de dólares.
En Alemania, la empresa llegó en 2018 a un acuerdo penal con la fiscalía pagando 1.000 millones de euros. El grupo también se enfrenta a una demanda colectiva por parte de inversores por valor de 9.000 millones de euros y sigue pendiente de causas civiles en varios países europeos.
En España, el escándalo afectó directamente a más de 680.000 vehículos del grupo Volkswagen (incluidas las marcas SEAT, Audi y Skoda), que fueron llamados a revisión para aplicar actualizaciones técnicas. Sin embargo, muchos propietarios denunciaron pérdida de prestaciones, incremento de consumo y aparición de averías tras dichas intervenciones.
A nivel judicial, el caso ha avanzado con lentitud. Aunque se interpusieron múltiples demandas, la respuesta de los tribunales españoles ha sido desigual. No ha habido condenas penales, pero sí algunas sentencias favorables a los consumidores en reclamaciones individuales. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha abierto la puerta a que los afectados puedan reclamar compensaciones económicas si se demuestra que su vehículo estaba equipado con el software fraudulento.
La organización de consumidores OCU ha impulsado acciones colectivas en defensa de los afectados y exige que Volkswagen asuma su responsabilidad también en España, igual que ha hecho en EEUU o Alemania. Mientras tanto, el escándalo que sacudió al gigante alemán cierra por fin un primer capítulo judicial, pero aún está lejos de cerrarse.
Imágenes | Volkswagen, Motorpasión