Hay quienes están pidiendo bajar impuestos para compensar la subida de precio de la gasolina, pero es un parche. La solución real no gusta a las petroleras

Más de 80 euros para repostar un coche diésel y más de 75 euros para llenar el tanque en un gasolina: es lo que cuesta hoy de media ir a la gasolinera en España. La guerra de Irán ha disparado los precios de los carburantes en semana y media por el bloqueo en el Estrecho de Ormuz.

En cuestión de 11 días el precio del combustible ha escalado más de un 20 %, y desde consumo y asociaciones de gasolineras piden aplicar medidas mirando a los impuestos. Pero rebajarlos no significa que vaya a repercutirse en el precio final aliviando el bolsillo de los conductores.

Las rebajas fiscales se reparten entre consumidores y petroleras

La OCU se ha lanzado rápidamente a solicitar una rebaja del IVA y también pedir la reducción del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos (IEH). Lo consideran una solución para aliviar los más de 12 céntimos el litro que ha subido la gasolina en la última semana y los 24 céntimos que se ha encarecido el diésel.

Idénticas medidas piden desde la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicios (CEEES): IVA reducido, pasando del actual 21 % a un 10 %, sumado a una reducción temporal de los impuestos del combustible. Para el diésel, el que más está notando la subida, proponen una bajada del 50 % del IEH y para la gasolina de un 40 %. Según sus estimaciones, se traduciría en una rebaja inmediata de 22 céntimos en el litro de los dos carburantes en el surtidor.

Ambas entidades argumentan que Portugal ya ha tomado esta medida, reduciendo el IVA de ambos combustibles. Y que se mantengan "hasta que las cotizaciones internacionales de los productos vuelvan a los registros que se daban antes del inicio del conflicto".

Mitad y mitad. El precio al que repostamos en la gasolinera lo determinan varios factores: el precio de la materia prima (cerca de un 35 %), sumado a estos impuestos (entre el 45 % y 50 % del precio, costes de logística y distribución (un 12 %) y el margen bruto que acapara el mayorista. 

En lo que toca a los impuestos, los que se aplican a los carburantes son tres: el IVA máximo, sumado al Impuesto Especial de Hidrocarburos, en el que desde 2019 se integró el Impuesto de Ventas Minoristas fijado a 72 euros por cada 1.000 litros. En total, estas tasas imputadas a los combustibles representan pues la mitad de su precio final en las estaciones de servicio. ¿Sería entonces eficaz reducirlos para que repostar salga más barato?

Medida paliativa y efectiva muy a medias. En economía se denomina a esto "traslado del impuesto" o "tax pass-through": una rebaja fiscal se repartiría entre consumidores y empresas, en este caso las petroleras y las propias estaciones. Entre otras cosas porque el precio aplicado lo determina el equilibrio entre oferta y demanda. Es una medida paliativa que no resuelve el problema de fondo.

"En general, encontramos que en períodos de tiempo en que la cadena de suministro está restringida, y la restricción plausiblemente no está relacionada con los cambios en la demanda, la tasa de transferencia de los impuestos al combustible disminuye", explica este análisis de Journal of Public Economics. En definitiva: concluye que los cambios en los impuestos sobre el combustible no siempre se trasladan completamente al precio final.

Las petroleras siempre venden al precio que maximiza sus beneficios, y no están obligadas a bajar los precios aunque se rebaje o desaparezca un impuesto. Se añade que hay poca competencia en el sector de combustible (refino y distribución) y si la demanda no varía, las empresas pueden absorber buena parte del cambio fiscal sin modificar demasiado el precio. En resumen, esta medida se traslada al consumidor en una parte pero no al completo.   

Ni oír hablar de topar el precio del carburante. Una medida realmente efectiva para que no salga tan caro repostar a consumidores y transportistas sería la de intervenir los precios. O lo que es lo mismo, ponerle un tope al precio del litro de gasolina y diésel. Es justo lo que han hecho en Croacia y Hungría: el litro de gasolina se ha fijado en un máximo de 1,50 euros y el diésel en 1,55 euros. Y además, lo han acompañado de rebajas fiscales.

Esto supone que, por mucho suba el precio del barril del crudo, petroleras y distribuidoras no pueden vender por encima de ese precio. Otra forma de intervenir los precios sería la de limitar los márgenes de refino y distribución. En otras palabras, esta solución obligaría a las petroleras a asumir la subida del petróleo sí o sí, sin poder repercutirlo en el consumidor.

Así, topar el precio del combustible dejaría a las petroleras con menor margen, algo que rechazan de plano porque a la postre supondría reducir sus beneficios. Y aquí tenemos la clave: intervenir el precio obligaría a repartir el impacto de la crisis del petróleo entre empresas y distribuidores, no solo en los conductores.

Imágenes | Pexels, Motorpasión

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