El Gobierno quiere cambiar la tasa de alcohol al volante: con una cerveza ya se daría positivo. "España tiene tasas de hace 25 años"

El Gobierno va a poner hoy sobre la mesa en el Pleno una Proposición de Ley cuyo objetivo es reducir el límite de la tasa máxima de alcohol permitida para conducir.

“Reducir la tasa máxima de alcohol al volante no es una ocurrencia ni una medida simbólica. Es una decisión de seguridad vial que busca evitar accidentes, lesiones y muertes en nuestras carreteras”, ha asegurado el portavoz socialista de Seguridad Vial, Manuel Arribas.

Se acabó diferenciar entre noveles y profesionales

La Proposición de Ley que va a defender el PSOE busca reducir el límite de la tasa máxima de alcohol permitida para conducir a 0,1 miligramos por litro en aire espirado o 0,2 gramos por litro de sangre. Un límite que se aplicaría además a todos los conductores, independientemente del tipo o antigüedad de su permiso y que quedaría recogido como infracción grave: conllevará la perdida de dos puntos del carnet y una multa de 200 euros.

Recordemos que actualmente la tasa de alcohol al volante está fijada en 0,25 mg/l para los conductores en general y en 0,15 mg/l para los noveles (aquellos que tienen menos de un año de experiencia al volante) y profesionales. Desde el Ejecutivo defienden que "España tiene tasas actuales que datan de hace 25 años, mientras que otros países europeos usan límites más bajos del 0,1 mg/l aire espirado o 0,2 g/l en sangre". 

La tasa 0,5 g/l es la que tienen en vecinos europeos como Portugal, Francia, Alemania o Italia. Pero los hay más estrictos como Noruega, u otros en los que directamente la tasa es de 0,0 y no permiten circular con un solo un miligramo de alcohol en el organismo. 

Es el caso de Eslovaquia, Hungría, República Checa o Rumania. En este sentido, el Gobierno asegura que no se trata de una medida con un "enfoque represivo", sino que persigue dejar de normalizar que se puede beber y conducir bajo un determinado límite. 

De ser tomado en consideración este martes, la norma pasaría a la siguiente fase de la tramitación parlamentaria. Una vez dentro de ella, los grupos podrían registrar propuestas de cambio al texto hasta su aprobación definitiva en las Cortes Generales, algo que parece bastante difícil que vaya a ocurrir. El texto no contempla entrar en vigor a su publicación en el Boletín Oficial del Estado, sino que plantea cobrar vigencia a los dos meses de su aprobación. 

Imágenes | La Moncloa, Pixabay

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