La concesionaria de la AP-9 tuvo el morro de cobrar el peaje a los conductores mientras estaba en obras. Ahora tendrá que devolverles el dinero

La Justicia ha dado otra colleja a la concesionaria Audasa: el Tribunal Supremo ha obligado a la empresa a devolver las cantidades cobradas a los usuarios de la AP-9, la principal vía que conecta Vigo y A Coruña, mientras estaba en obras.

Audasa estuvo cobrando el peaje total de esta autopista durante tres años a pesar de los atascos que sufrían los conductores, sin ofrecer si quiera una rebaja. Una sentencia que debería sentar un precedente, pero que no lo hará.

No, las autopistas de peaje en obras no serán gratuitas a partir de ahora, aunque deberían

Entre febrero de 2015 y junio de 2018 Audasa llevó a cabo una ampliación del puente de Rande, en la ría de Vigo. Durante ese periodo se generaron más de 200 retenciones, de las cuales 81 fueron de "especial relevancia" por su duración e impacto, según detalla la sentencia. A pesar de ello, Audasa no redujo el importe del peaje ni avisó con antelación suficiente de las obras para que los usuarios tomaran un camino alternativo.

Ahora tendrá que devolver le importe más intereses a todos aquellos afectados que cuenten con el comprobante del pago.

Esta sentencia debería sentar un precedente (crear un principio jurídico) sobre el resto de autopistas de peaje en obras: es de sentido común que si un usuario paga por circular por una de estas vías es porque quiere evitar atascos. Pero dado el sistema que siempre ha regido en España con las concesionarias (si me sale bien me forro, si no, que me rescaten), los magistrados han advertido que esta demanda se refiere específicamente a las obras del puente de Rande, y no se puede extender de manera automática a otras vías de pago afectadas por obras.

Así que al usuario afectado le toca luchar en los tribunales si quiere obtener una compensación por un servicio que ha pagado y del que no ha disfrutado: una carretera de peaje sin atascos. Sí es cierto que sienta jurisprudencia sobre la aplicación del artículo 82 del Texto Refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y puede ser tanto vinculante como un criterio auxiliar para futuros casos similares.

Recordemos que la AP-9 está bajo aviso desde hace años debido a las irregularidades por las que fueron prorrogadas las concesiones: en el año 2000, el Gobierno de José María Aznar decidió prorrogar por última vez la concesión hasta el año 2048 "sin convocar procedimientos de licitación previos ni publicar un aviso", lo que ha provocado que la Comisión Europea eleve un tercer y último aviso al Gobierno antes de llevarlo al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Imágenes | Aitor 3187/Wikipedia, Google Maps

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