Barcelona pierde 350 VTC tras el 'decretazo' del Govern, mientras en Madrid siguen creciendo

El Decreto Ley aprobado en Cataluña, que dio el pistoletazo de salida a regulaciones autonómicas en otras regiones para atar en corto a las operadoras VTC, ya comienza a hacer notar sus efectos en Barcelona: la capital catalana ha reducido en 350 el número de vehículos de alquiler con conductor desde que en febrero entró en vigor la normativa.

Según datos del Ministerio de Fomento, y de los que se ha hecho eco el diario Expansión, al cierre del pasado mes de abril, en Barcelona había 1.934 vehículos VTC operando, cifra que contrasta con los 2.284 que registraba a finales de enero.

Y es que tras la aprobación de la nueva regulación por parte de la Generalitat, Uber y Cabify anunciaron que dejarían de prestar sus servicios en la Ciudad Condal, aunque sólo un mes después, la segunda confirmaba su regreso a la capital catalana, para posteriormente ser multada por el consistorio por incumplir la precontratación fijada por la normativa catalana.

Recordemos que, en el caso de Cataluña, el Decreto Ley, que surgía tras el trasvase de competencias en esta materia a los gobiernos autonómicos aprobado por el Ejecutivo el año pasado, exigía a los operadores VTC a un tiempo mínimo de precontratación de 15 minutos, además de eliminar la geolocalización y la imposibilidad de que circulen vacíos, obligándolos a regresar a la base.

Cinco autonomías ya regulan a las VTC

Desde que el Gobierno aprobase el mencionado Real Decreto Ley, cinco comunidades han aprobado regulaciones para los vehículos de alquiler sin conductor. Y todas ellas fijan un tiempo mínimo de contratación.

Es el caso del País Vasco (una hora), Baleares (30 minutos con posibilidad de reducirse a 15 minutos), Aragón o Valencia (15 minutos). De igual manera, Andalucía ya está trabajando en una normativa y propone alternativas a la precontrantación, como la de crear estaciones VTC en el perímetro de las ciudades, además de sugerir que los taxis (siguiendo el modelo de negocio de estas operadoras), puedan ofrecer precios cerrados en los servicios contratados.

Por el contrario, si bien la Comunidad de Madrid no cedió a las presiones del taxi tras varios días de intensa huelga, el ayuntamiento de la capital española aprobará pronto una nueva ordenanza regulatoria que limita la actuación de las VTC en la ciudad a 16 horas al día y durante cinco días a la semana (los conductores deberán librar un día entre semana y otro en fin de semana), además de restringir su actuación a la mitad de la flota.

Madrid aglutina la mitad de la flota VTC

Así, en este primer cuatrimestre del año, los efectivos VTC han crecido en Madrid un 12 %, registrando al cierre de este primer periodo de 2019 un total de 7.372 vehículos de estas operadoras ofreciendo sus servicios en la región central. De hecho, Madrid acumula casi la mitad de vehículos VTC de España y su ratio ya es de un VTC por cada dos taxis (lejos del ratio 1/30 recogido en el artículo 48.2 de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres (LOTT).

Y a pesar del 'decretazo' aprobado por la Generalitat y criticado por estas empresas, Barcelona se sitúa como la segunda urbe con mayor número de vehículos VTC circulando (1.934), seguida de Málaga (1.418), que completa el podio.

Muy lejos quedan otras ciudades como Alicante (296), Sevilla (213), A Coruña (191) o Valencia (182). Y la brecha aún es más pronunciada si nos vamos a localidades como Jaen, Zamora, Palencia, Albacete o Huesca, donde encontramos menos de diez vehículos VTC operativos. Por su parte, provincias como Soria, Las Palmas o Tenerife, aún no cuentan con empresas VTC ofreciendo sus servicios.

Finalmente hay que señalar que, en los cuatro primeros meses de 2019, el sector de las VTC a nivel nacional ha obtenido 1.052 nuevas licencias, registrando 88 en el mes de abril, llegando el total de autorizaciones a día de hoy en toda España a 14.177.

Sin embargo, estas licencias no han sido emitidas por los gobiernos autonómicos, sino que han sido el resultados de resoluciones judiciales a consecuencia del vacío legal con el que ha contado el sector entre los años 2009 y 2015.

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