Un militar se dedicó a destruir cámaras de reconocimiento de matrículas porque las consideraba ilegales. Ahora un juez puede darle la razón

Trece cámaras inutilizadas, un ingeniero de la Fuerza Aérea de EEUU acusado de sabotearlas y una defensa poco habitual: Jeffrey Sovern asegura que actuó porque considera que el sistema de vigilancia del tráfico vulnera la Cuarta Enmienda de la Constitución estadounidense, la que protege “frente a registros e incautaciones irrazonables”.

Su caso se resolverá en un tribunal de Virginia, pero el debate para Sovern va mucho más allá de la acción: en un momento en el que las ciudades incorporan cada vez más sistemas capaces de identificar y seguir vehículos en tiempo real, la gran pregunta es: ¿Dónde está el límite entre una herramienta útil para perseguir delincuentes y un sistema capaz de registrar los movimientos de millones de conductores sin su consentimiento?

Una red de más de 80.000 cámaras que divide a Estados Unidos

Los lectores automáticos de matrículas (ALPR, por sus siglas en inglés) llevan años utilizándose para localizar coches robados, reconstruir la ruta de un sospechoso o ayudar en investigaciones policiales. Pero pocas compañías han llevado esa tecnología tan lejos como Flock Safety: fundada en 2017, esta empresa estadounidense se ha convertido en uno de los mayores proveedores de sistemas de vigilancia para cuerpos de seguridad del país y asegura que su plataforma ya da servicio a más de 5.000 agencias policiales, además de ayuntamientos, comunidades de vecinos y empresas privadas.

En total, su red supera ya las 80.000 cámaras repartidas por carreteras, calles, urbanizaciones y aparcamientos. Según la investigación abierta a Jeffrey Sovern, el ingeniero inutilizó al menos 13 cámaras instaladas en el estado de Virginia entre 2025 y 2026… Algunas aparecieron apuntando hacia un bosque, otras desaparecieron y varias terminaron arrancadas junto a una autopista. 

La Policía acabó identificando una camioneta que aparecía cerca de varios de esos dispositivos y, tras instalar un localizador GPS con autorización judicial, registró el domicilio de Sovern, donde asegura haber encontrado componentes pertenecientes a las cámaras desaparecidas.

Flock Safety sostiene que su tecnología está diseñada para ayudar a resolver delitos y que las imágenes se almacenan durante un tiempo limitado, sin utilizar reconocimiento facial. Pero organizaciones como la “Unión Estadounidense por las Libertades Civiles” (ACLU) o el colectivo DeFlock Norfolk sostienen que, en la práctica, esa enorme base de datos permite reconstruir los desplazamientos cotidianos de millones de conductores que no son sospechosos de haber cometido ningún delito y acaba convirtiéndose en una forma de vigilancia permanente.

Ese choque ya ha llegado a los tribunales. A principios de este año, un juez federal rechazó declarar inconstitucional el sistema tras la demanda de dos ciudadanos cuyos vehículos habían sido fotografiados cientos de veces sin estar relacionados con ningún delito. Aun así, dejó una advertencia significativa: si el número de cámaras y sus capacidades continúan creciendo, el equilibrio constitucional podría cambiar. Y esa es la cuestión de fondo: la tecnología ya permite reconstruir los desplazamientos de cualquier conductor; ahora falta decidir hasta dónde debería permitirse.

Imágenes |Shutterstock

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