Un 'Castor' que nos ha costado 1.600 millones y mil terremotos. El enorme depósito submarino con el que España quería solucionar su dependencia de gas y que se ha convertido en un desastre

El fallido proyecto Castor ha sido señalado como "uno de los episodios más vergonzantes del Estado". Una política energética mal planificada que nos ha acabado costando más de 1.600 millones de euros a los españoles.

Se ideó como solución para reducir la dependencia española de gas natural: un inmenso almacén submarino sumergido frente a la costa de Castellón y Tarragona. Nunca estuvo en funcionamiento: fue paralizado por ocasionar más de un millar de terremotos. Pero su factura la llevamos pagando años, y sigue subiendo.  

El gran almacén de gas bajo el Mediterráneo que fracasó antes de funcionar

Este megaproyecto se aprobó formalmente en 2007 y se inició en 2008, bajo el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, continuado en la siguiente legislatura por el Ejecutivo de Mariano Rajoy. La empresa concesionaria fue Escal UGS, siendo su principal accionista ACS (66 %), la constructora de Florentino Pérez. Su presupuesto inicial era de 500 millones de euros, pero se ha traducido en un culebrón de litigios e indemnizaciones que lleva coleando más de 12 años en varias legislaturas.

Se trataba de una estructura submarina diseñada para almacenar aproximadamente 1,3 millones de metros cúbicos de GNL, ubicada en un antiguo campo petrolífero del Mediterráneo frente a Tarragona y Castellón, a unos 1.700 m de profundidad. Además del almacén, constaba de una plataforma marina, un gasoducto de 30,3 kilómetros y una planta terrestre en Vinaròs (Castellón).

Terremotos y fin del proyecto. Tras levantarse en cuatro años, comenzó la fase de puesta en marcha. No pasó de ahí. El almacén necesitaba introducir "gas colchón" para poder funcionar: gas base para mantener la presión. En 2013 se ejecutó una inyección de gas para este cometido y se determinó que esta tarea había provocado múltiples microseísmos en Castellón entre junio y septiembre de ese mismo año, al mover la falla de Amposta y otra inferior. No fueron pocos.

Si bien se señalaron que fueron unos 350, y posteriormente más de 500, un estudio publicado en Geophysical Journal International elevó la cifra a más de 1.000 movimientos de tierra. En su gran mayoría fueron leves: el mayor registrado fue de 4,3 de magnitud en la escala de Richter (clasificado como ligero). 

Fue entonces cuando el entonces ministro de Industria, el popular José Manuel Soria, ordenó la paralización del proyecto. Aunque no fue lo única causa de su adiós: se llevaba tiempo cuestionando su rentabilidad o su impacto medioambiental. Además, al tiempo no resultó una infraestructura tan necesaria, ya que el sistema español evolucionó a uno más flexible basado en importaciones de GNL y regasificadoras.

Un fiasco que hemos acabado pagando todos

Fracasado el proyecto, suponía que había que compensar a la adjudicataria: Escal UGS y por tanto para ACS, que abandonó el proyecto. Así se recogía en el contrato inicial. En octubre de 2014, se aprobó a golpe de real decreto-ley una indemnización de 1.350 millones de euros. Esta compensación se articuló a través del sistema gasista: los bancos adelantaron el montante a Enagás, que se fue imputando en la factura del gas de los consumidores. 

En 2017, este mecanismo fue parcialmente anulado por el Tribunal Constitucional, paralizándose los pagos a las financieras. El Estado tuvo que asumir la deuda, incluyendo los intereses, trasladando el coste a los contribuyentes. Un claro ejemplo de "socialización de pérdidas". Un largo proceso de litigios se ha sucedido desde entonces. Por ejemplo, en la Audiencia Nacional obligó a Escal UGS a devolver a los consumidores de gas 209,7 millones de "retribución financiera" que cobró en los años 2014, 2016 y 2017.

1.600 millones de euros y subiendo. En primavera del año pasado, la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen anunció el desmantelamiento del almacén de gas submarino. Este proceso sigue su curso, pese a que se estimó para ocho meses empezando en mayo. Se adjudicó a Enagás en 2024, principal transportista de gas natural y gestor del sistema gasista. 

El culebrón continúa: en febrero de este 2026 el Tribunal Supremo ha reconocido nuevas compensaciones por los trabajos de desmantelamiento, así como por otros servicios de operación y mantenimiento. En total, la cantidad dictada es de 255 millones de euros, a lo que se añadirán más costes por los trabajos que restan para su clausura definitiva.

Lo que nos lleva a un estupendo montante que supera los 1.600 millones de euros para el bolsillo de los ciudadanos, pese que se ha intentado compensar vendiendo parte de los equipos para reducir las pérdidas. Todo por una infraestructura fallida nacida hace casi 20 años que nunca llegó a funcionar.

Imágenes | Wikimedia, ACS, Enagas 

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