Un partido político tiene en su mano que haya o no cambios en las etiquetas de la DGT y que España reciba 10.000 millones de fondos europeos

  • Las empresas de más de 200 trabajadores tendrán que contar con planes de movilidad sostenible y puntos de recarga para coches eléctricos

  • Los vuelos de menos de dos horas y media tendrán alternativa ferroviaria 

Victoria Fuentes

España se juega un fondo europeo muy jugoso que puede que pierda: 10.000 millones que podrían cambiar la forma en la que nos movemos y que daría un empujón al coche eléctrico. Se trata de la Ley de Movilidad Sostenible, que se debate hoy en el Congreso.

Incluye una reforma de las etiquetas de la DGT, más puntos de recarga para coches eléctricos y menos vuelos de corta distancia que se harán en tren. Los sonados peajes urbanos se han quedado fuera de esta ley definitivamente. Pero el Gobierno tiene que conseguir todos los apoyos, y de momento no las tiene todas consigo.

Los principales puntos de esta Ley de Movilidad Sostenible

  • Las empresas de más de 200 trabajadores tendrán que contar con planes de movilidad sostenible y puntos de recarga para coches eléctricos.
  • Los vuelos de menos de dos horas y media tendrán alternativa ferroviaria (salvo en casos de conexión con aeropuertos que enlacen con rutas internacionales, detalla El País).
  • Se recuperarán los trenes nocturnos de conexión con Europa que perdimos en 2020. Una medida bastante optimista por otro lado.
  • Se implantarán autopistas ferroviarias en sectores estratégicos para el tráfico de mercancías.
  • Se planteará la reforma de las etiquetas de la DGT que afectará a los vehículos híbridos enchufables con una autonomía eléctrica inferior a los 90 kilómetros, ya que dejarán de contar con la etiqueta CERO. Para ello, obligará a presentar antes de un año un análisis elaborado por varios ministerios y las comunidades autónomas que desemboque en una reforma del sistema.
  • El Gobierno informará sobre la localización de las infraestructuras de recarga de acceso público y pondrá señales de tráfico para indicarlas en todas las carreteras estatales.

El texto se planteó por primera vez en 2022 y pasó por el Consejo de Ministros en 2024, y un año después aún está en fase de debate. El Gobierno no las tiene todas consigo porque a pesar del apoyo de una mayoría, incluyendo a Junts y PNV y asociaciones ecologistas, Podemos se queda fuera debido a las ampliaciones del puerto de Valencia y el aeropuerto de Barcelona que el Ejecutivo tiene pendiente y que aún no ha cancelado. Así que tendrá que negociar.

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