José, agricultor sevillano: “Antes ganaba 100 euros por hectárea, ahora me pagan 1.900 euros por instalar placas solares”

Carmona se ha convertido en el mayor experimento social del campo andaluz de la última década, y no tiene que ver con ningún cultivo. En este municipio sevillano, miles de hectáreas que durante generaciones dieron trigo, garbanzos y almendra se han cubierto de paneles fotovoltaicos. 

Y el motivo es puramente económico. “Antes ganaba 100€ por hectárea, ahora me pagan 1.900€ por instalar placas solares”, resume José Portillo, uno de los agricultores que ha alquilado parte de sus terrenos, en un programa de La Sexta, como recoge Jara y Sedal.

Una renta fija 20 veces superiores a la de los cultivos

José Portillo, agricultor local, cedió 15 hectáreas de su finca para la construcción de una macroplanta fotovoltaica. Su cálculo es simple, con las placas gana casi veinte veces más que sembrando trigo, pipas o garbanzos. Esa diferencia le ha dado una estabilidad económica que no conocía. De hecho, Portillo, que reconoce no haber viajado nunca, ve ahora la posibilidad de viajar como una realidad.

El fenómeno no es anecdótico. Según el alcalde de Carmona, Juan Ávila, el municipio llegó a acumular 28 proyectos fotovoltaicos en tramitación o construcción, con una inversión conjunta cercana a los 2.000 millones de euros procedente de las grandes eléctricas del país. 

Solo en 2022, estos proyectos aportaron unos 20 millones de euros al municipio, y la capacidad instalada en la zona bastaría para dar suministro a un millón de habitantes, explica el alcalde.

Ese volumen de inversión ha valido a Carmona la etiqueta de capital solar de España, un título que sus vecinos reciben con sentimientos encontrados. La irrupción de las plantas ha reducido la superficie cultivada en la comarca entre un 20% y un 30%, y algunos agricultores calculan que al menos la mitad de sus vecinos terminará por seguir el mismo camino, alquilar la tierra en lugar de trabajarla.

El debate no es solo económico. La llegada del dinero fácil ha generado tensión entre quienes ven en las placas una jubilación anticipada y quienes lamentan la pérdida de un paisaje agrícola que definía la identidad de la zona. Uno de los agricultores entrevistados lo resumía sin rodeos, después de toda una vida sembrando la misma tierra, la aparición de un ingreso fijo y muy superior cambia las prioridades de cualquier familia, aunque suponga renunciar a la actividad que la sostuvo durante décadas.

La zona conserva todavía una base agrícola relevante, con cereales, leguminosas y arboleda de almendro, manzanillo y arbequino, pero el mapa está cambiando a un ritmo que hace solo unos años parecía impensable. 

Antes de que las eléctricas llegaran con sus proyectos, la instalación de placas en fincas privadas surgió como respuesta al encarecimiento de la factura eléctrica; con el tiempo, ese recurso defensivo se transformó en el negocio más rentable que muchas familias han tenido nunca sobre sus tierras.

Los contratos de arrendamiento se firman por la vida útil de las plantas, es decir, varias décadas, lo que convierte la decisión en algo mucho más profundo que un simple cambio de cultivo. 

Cada hectárea cedida es, en la práctica, tierra que deja de producir alimentos durante una generación entera a cambio de una renta fija y garantizada. Para el agricultor que firma, es una jubilación asegurada. Para el campo andaluz, es una transformación estructural. Y la puerta abierta a abusos.

SOS Rural y la Asociación Ecología y Libertad han llevado la problemática a los tribunales. La Campiña Norte de Jaén, con los municipios de Lopera, Arjona y Marmolejo, concentra más de 20 proyectos solares que amenazan con eliminar más de 100.000 olivos, muchos centenarios. 

Las plataformas denuncian un presunto fraude de ley. En Lopera hay ocho proyectos en un radio de ocho kilómetros, todos de Greenalia, y ninguno supera los 49,5 MW, el umbral que obligaría a que la autorización dependiera del Ministerio para la Transición Ecológica en lugar de la Junta de Andalucía. Con más de 130.000 firmas recogidas, en febrero de 2026 la alianza presentó recursos contencioso-administrativos contra la Junta y el Ayuntamiento de Lopera.

El fondo de la denuncia es el uso de suelo agrícola de alta productividad para infraestructura energética. Según la plataforma, el 69,6% de las plantas fotovoltaicas y el 90,9% de las termosolares en Andalucía se levantan sobre suelos clasificados como S1 y S2, los de mayor capacidad productiva. La reivindicación central es una calificación vinculante, como la de Italia o Francia, que aleje las instalaciones de esas.

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Imágenes | Unsplash/American Public Power Association/apricity/Soren H 

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