Se enfrenta a 15 años de cárcel por instalar una casa prefabricada en su terreno. ¿El problema? Tiene ruedas

Quizá lo último que pensó su propietario al poner una ‘mobile home’ en una finca rústica en Málaga era que la Fiscalía solicitase 15 meses de prisión por instalarla, porque dicen, puede constituir un delito contra la ordenación del territorio.

Es lo que ha pasado en Casabermeja, Málaga. Y el caso tiene una particularidad importante: el Tribunal Supremo ya ha establecido que estas casas móviles necesitan licencia urbanística cuando así lo exige la normativa del suelo, aunque conserven las ruedas y puedan trasladarse.

El Supremo ya ha aclarado qué ocurre con las casas móviles

La historia se remonta a 2022, cuando el vecino de Casabermeja compró una parcela rústica de 3.127 metros cuadrados. Ya comprado, decidió colocar una casa móvil de segunda mano, una de esas estructuras que llegan con ruedas y que, a simple vista, pueden confundirse con un remolque habitable.

La situación se le ido de las manos hasta el punto de que ahora, la Fiscalía solicita para él 15 meses de prisión por un presunto delito contra la ordenación del territorio, según adelantó Málaga Hoy y recogió también Xataka.

La defensa sostiene que la instalación no tenía finalidad residencial; su abogado defiende que la idea era guardar herramientas agrícolas, disponer de un lugar donde resguardarse y utilizar el terreno para cultivar un pequeño huerto. La estructura, asegura, conservaba las ruedas, carecía de cimentación y podía retirarse en cuestión de minutos.

También niega haber vivido allí; argumenta que varios elementos presentes en la parcela, como un contenedor, depósitos de agua y parte del vallado, ya estaban instalados antes de la compra del terreno, así que cuestiona que puedan atribuírsele a su cliente todas esas actuaciones.

Puede parecer algo banal, pero qué va, no es una cuestión menor: una cosa es colocar un elemento móvil en una propiedad y otra, a ojos de la Administración, instalar una construcción que no está permitida por el planeamiento urbanístico. Y es precisamente ahí donde las ruedas dejan de ser una garantía.

El precedente más importante respecto a este tema es relativamente reciente. El 5 de diciembre de 2024, el Tribunal Supremo, en su sentencia 1917/2014 estableció jurisprudencia: las ‘mobile homes’ son asimilables a las casas prefabricadas a efectos de exigir licencia urbanística por el uso del suelo. La resolución se refería a la instalación de estas estructuras en un camping de Tarragona, por lo que no es una sentencia sobre el caso concreto de Málaga, pero sí fija un criterio jurídico relevante.

El TS justificó su decisión basándose en el artículo 11.4.c del texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, aprobado mediante el Real Decreto Legislativo 7/2015 según el cual, la idea de fondo es que la posibilidad de transportar una estructura no elimina la necesidad de comprobar si su implantación está permitida en ese terreno.

Tampoco basta con contar con una autorización para desarrollar una actividad si esta no cubre el control urbanístico correspondiente..

En Andalucía, la Ley 7/2021 (LISTA) establece que instalar una casa prefabricada en suelo rústico puede requerir autorización previa y licencia municipal. Aunque existen excepciones para viviendas aisladas, todo depende de la clasificación del terreno y de la normativa urbanística aplicable. Tener ruedas no evita estos trámites.

Así las cosas, el artículo 319 del Código Penal en el que se basa la Fiscalía, contempla penas de prisión de uno a tres años para determinadas construcciones no autorizables en suelo no urbanizable, además de multas y la posible demolición.

Aunque todavía no ha caído sentencia definitiva, la Fiscalía ha pedido 15 meses; es el juez el que dirimirá si la instalación constituye un delito o si se trata de una infracción administrativa.

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