España cambia las normas y pone deberes a los ayuntamientos: tendrán que demostrar que ponen multas por incumplir las ZBE

Falta menos de un mes para las elecciones generales del 29 de noviembre, pero eso no impide que el Gobierno actual siga legislando. 

Una de las últimas cosas que ha hecho es cambiar las normas en referencia a las ZBE y afecta a todos los ayuntamientos que tengan una zona de bajas emisiones, o que la vayan a tener.

"Contribuye a la racionalización en la gestión de los recursos públicos"

Hace años que se pusieron en marcha las primeras ZBE en España y, aunque algunos municipios todavía no han implantado la suya, en otros, la zona de bajas emisiones está funcionando a pleno rendimiento, con multas incluidas para los usuarios que las incumplan.

La normativa que regula las ZBE y las sanciones por incumplirlas es el Real Decreto 1052/2022, de 27 de diciembre, pero ahora, el nuevo Real Decreto 953/2026, de 4 de noviembre, que fue publicado la semana pasada en el BOE, modifica el RD anterior y establece nuevas obligaciones, en este caso, para los ayuntamientos.

De esta forma, el Gobierno se pone serio con las ZBE: el objetivo es que se acaben las ZBE de broma, como te contamos hace unos días.

A partir de ahora, los ayuntamientos están obligados a informar al Gobierno de varias cuestiones relacionadas con su ZBE. Recordemos que las ZBE son obligatorias en las ciudades españolas que tengan más de 50.000 habitantes.

Las entidades locales deben informar al Gobierno de la delimitación y superficie de la ZBE, de las medidas adoptadas y del calendario de desarrollo, así como del resultado de su seguimiento. También de las sanciones que imponga la Policía Local o Policía Municipal por incumplir esa ZBE. Así lo estipula el Real Decreto: 

“Se modifica el apartado 3 del artículo 10 del Real Decreto 1052/2022, de 27 de diciembre, por el que se regulan las zonas de bajas emisiones, que queda redactado de la siguiente manera:

    «3. De igual modo, las entidades locales deberán informar a la Subdirección General competente en materia de calidad del aire del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y al órgano autonómico competente en materia de medio ambiente sobre las ZBE establecidas en su territorio, incluyendo, como mínimo, la delimitación y superficie de la ZBE, las medidas adoptadas y su calendario de desarrollo, y el resultado de los indicadores obligatorios de seguimiento, en el plazo máximo de un mes desde su establecimiento.

    A los efectos de la correcta justificación de su implantación, las entidades locales deberán remitir a la Subdirección General competente en materia de calidad del aire del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y al órgano autonómico competente en materia de medio ambiente:

    a) La normativa municipal vigente que establece el régimen de la ZBE, en el plazo de un mes desde su entrada en vigor. 

    b) La documentación acreditativa de la efectiva entrada en vigor del régimen de prohibiciones o restricciones de acceso, circulación y estacionamiento de vehículos según el potencial contaminante de los mismos.

    c) La documentación acreditativa de la efectiva aplicación del sistema de control de accesos, monitorización y seguimiento.

    d) La integración con el Punto de Acceso Nacional de Tráfico y Movilidad de la Dirección General de Tráfico.

    e) La documentación acreditativa de la efectiva aplicación del régimen sancionador, que excluirá cualquier sistema transitorio de avisos que pudiera haberse contemplado previamente.

    En tanto no se reciba dicha documentación, no se considerará correctamente implantada la ZBE.»”

Según indica el BOE, esta medida “contribuye a la racionalización en la gestión de los recursos públicos, mediante el establecimiento de un marco común de obligaciones, criterios y procedimientos homogéneos para la implantación, acreditación y seguimiento de las zonas de bajas emisiones”.

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