Coches eléctricos: el Reino Unido se plantea seriamente dar marcha atrás

Renault 5 Reino Unido

El Gobierno británico contempla rebajar el objetivo de ventas de vehículos eléctricos para 2030 al 50 % o al 60 %, frente al 80 % actual.

Daniel Murias

¿Está dando marcha atrás el Reino Unido en la transición al coche eléctrico? Según varios medios, el Gobierno británico se prepararía para recortar fuertemente los objetivos de ventas impuestos a los fabricantes. Unos objetivos, que ya habían sido suavizados en los últimos meses. 

Al mismo tiempo, Londres pretende, a pesar de todo, mantener el fin del motor térmico para 2035, con el riesgo de que su estrategia sea cada vez más difícil de entender.

Menos ventas de coches eléctricos, pero con la misma prohibición de los gasolina en 2030

Según la información publicada el 8 de noviembre por el diario británico 'The Guardian', el Gobierno contempla rebajar el objetivo de ventas de vehículos de emisiones cero fijado a los fabricantes para 2030. Establecido actualmente en el 80 %, podría quedar reducido al 60 %, o incluso al 50 % en el escenario más favorable a la industria automovilística. Dicho de otro modo: la proporción de coches eléctricos exigida en esa fecha podría disminuir entre 20 y 30 puntos porcentuales.

Esta obligación deriva del Zero Emission Vehicle Mandate (o mandato ZEV), un dispositivo regulatorio que impone a los fabricantes una cuota creciente de vehículos eléctricos en sus ventas anuales. Para los turismos, la cuota debería alcanzar el 33 % en 2026, antes de subir progresivamente hasta el 80 % en 2030 y el 100 % en 2035. Pero las discusiones continúan dentro del Gobierno británico, donde varios ministros defienden posiciones distintas. Se espera un arbitraje esta semana, tras una reunión prevista para el miércoles 11 de noviembre. Consultado sobre esta información, el Gobierno aseguró que todavía no se había tomado ninguna decisión.

Este posible relajamiento llega mientras los fabricantes multiplican las advertencias contra unos objetivos que consideran demasiado ambiciosos. En los diez primeros meses de 2026, los coches eléctricos representaban el 26,6 % de las matriculaciones nuevas en el Reino Unido, según las cifras de la industria automovilística británica. Una proporción aún alejada de la cuota teórica del 33 % fijada para este año. 

Sin embargo, que los fabricantes no consigan alcanzar la cuota impuesta por el Gobierno no significa que vayan a ser sancionados automáticamente, ya que el dispositivo prevé varios mecanismos que les permiten compensar parte de sus obligaciones.

Y no es la primera vez que Londres plantea aflojar la presión. En 2025, el Gobierno ya suavizó las reglas del mandato ZEV para dar más margen de maniobra a los fabricantes, en particular facilitando el aplazamiento de ciertos objetivos y las compensaciones entre distintas categorías de vehículos. 

Esta vez podría ir más lejos, reduciendo directamente las cuotas de ventas de modelos eléctricos, al tiempo que prolonga ciertos mecanismos de flexibilidad hasta 2034. Una doble concesión reclamada por una industria que considera que la demanda de los automovilistas no avanza lo bastante rápido para cumplir el calendario regulatorio.

La paradoja es que el Gobierno británico no pretende abandonar oficialmente su calendario de dejar atrás las motorizaciones térmicas. Londres mantiene su objetivo de prohibir la venta de coches nuevos que funcionen exclusivamente con gasolina o diésel a partir de 2030. 

Así, los modelos híbridos podrían seguir comercializándose hasta 2035, fecha en la que todos los coches y furgonetas nuevos deberán ser de emisiones cero. Hay que distinguir, por tanto, entre esta prohibición y las cuotas de ventas eléctricas, que podrían revisarse considerablemente a la baja.

Queda una pregunta, cómo alcanzar el 100 % de ventas de emisiones cero en 2035 si a los fabricantes ya solo se les exigirá un 50 o un 60 % cinco años antes. Un relajamiento así podría aliviar a las marcas a corto plazo, pero complica la trayectoria de los años siguientes. 

También inquieta a los profesionales de la recarga, cuyas inversiones dependen de un crecimiento rápido del parque eléctrico. La asociación británica ChargeUK calcula que 1.700 millones de libras de inversión en infraestructuras podrían verse amenazadas por unos objetivos de nuevo a la baja. Al querer adaptar su normativa a la realidad del mercado, Londres corre el riesgo de hacer que la transición eléctrica sea aún más incierta.

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