La Justicia está dando la razón a empresas de vehículos de alquiler con conductor (VTC) como Uber y Cabify al desestimar demandas interpuestas contra estas compañías por actuar presuntamente como servicios de taxi. Esto es, por captación ilícita de clientes.
Según informa El País, varios tribunales ordinarios están anulando las sanciones que imponen con asiduidad las Administraciones españolas por carecer las sentencias de respaldo jurídico. Aún hay cerca de 2.000 reclamaciones pendientes contra estas empresas de VTC.
Las sanciones más recurrentes, anuladas por falta de pruebas
Las empresas de VTC se han enfrentando en los tribunales a las mismas sanciones una y otra vez:
- Captación ilícita: esta es una de las sanciones más comunes a las que se enfrentan los conductores de empresas como Uber y Cabify, y que ascienden a los 600 euros. Se consideran infracciones graves de acuerdo al Reglamento de la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres de 1990 por estacionar en la vía pública sin haber sido contratados previamente a través de la app.
- Acceso al centro de las ciudades: las asociaciones de taxistas también han pedido que se impida el acceso de VTC al centro de ciudades como Granada, Córdoba o Barcelona, sin éxito (es decir, se ha tumbado el Reglamento del Área Metropolitana de Barcelona impulsado por Ada Colau).
- No rellenar la hoja de ruta o rellenarla de forma incompleta.
Madrid y Cataluña han impuesto más de 1.300 sanciones a las plataformas de VTC https://t.co/2t4JhlUsv0 vía @diarioAyE
— Federación Española del Taxi (@Fedetaxi) 12 de septiembre de 2018
La mayoría de estas demandas -impulsadas por el sector del taxi- han sido rechazadas "porque la actividad probatoria ha sido insuficiente", explica El País, y porque solo con la denuncia de un agente no es suficiente para acreditar dicha actividad irregular. Otra sentencia también alega que solo por el hecho de que un vehículo VTC esté estacionado en la calle no implica una intención de captar viajeros. Es decir, el hecho de estar aparcado en la calle no se contempla como infracción alguna.
Por lo tanto, existe un vacío legal en cuanto a qué se considera captación de clientes o viajeros, ya que la definición de esta acción no aparece en ninguna normativa vigente. Otro argumento que algunos juzgados han tumbado -como el de Granada- es el de impedir el acceso al centro a estos vehículos por considerarlo una vulneración de las normas de competencia.
Según datos de la Consejería de Transporte de la Comunidad de Madrid publicados por Cinco Días, hasta septiembre de este año se han investigado 9.028 servicios de VTC, de los cuales 2.558 fueron sancionados. Uno de cada tres.
Por el momento, lo que ha hecho el Ejecutivo es 'quitarse el marrón de encima' trasladando las autorización de licencias VTC a los gobiernos autonómicos y ayuntamientos, que podrán regular las licencias durante cuatro años, el periodo de gracia concedido para que operen con normalidad.
