El Congreso de los Diputados ha rechazado modificar el impuesto de matriculación ante la entrada en vigor del -ya no podemos decir que es nuevo- ciclo de homologación WLTP el 1 de enero de 2021.
Así, PSOE, Podemos, ERC, Más País y Bildu han votado en contra de la moratoria que pedía el sector automotriz para rebajar el impuesto de matriculación en los modelos con motores de combustión.
El WLTP ya tuvo una moratoria
El ciclo de homologación WLTP -que muestra consumos más realistas y estrictos que el antiguo NEDC- debería haber entrado en vigor en septiembre de 2018, pero el Gobierno accedió a las peticiones del sector y aprobó una moratoria de dos años para que tuvieran tiempo de adaptarse.
Esa moratoria se acaba el mes que viene, pero los fabricantes pidieron revisar el impuesto de matriculación ante la entrada en vigor del ciclo, ya que con él subirá el impuesto de matriculación, y por ende los nuevos vehículos gasolina y diésel serán más caros.
Es decir, serán más caros aquellos con emisiones más altas y que no se han adaptado a una normativa que lleva coleando más de dos años.
Fue el Partit Demòcrata (PDeCAT) el que propuso un cambio en los tramos de aplicación del impuesto de matriculación, pero finalmente se ha votado en contra. En concreto, se pedía que los modelos que emiten menos de 144 gramos de CO₂ por cada kilómetro recorrido no paguen el impuesto de matriculación, pero serán aquellos con emisiones menores o iguales a 120 g/km de CO₂ los que estén exentos de pagarlo.
De esta forma, los cuatro tramos impositivos quedan así:
- 0 % para vehículos con emisiones menores o iguales a 120 g/km de CO₂
- 4,75 % para vehículos con emisiones mayores a 120 g/km y menores de 160 g/km de CO₂
- 9,75 % para vehículos con emisiones mayores o iguales de 160 y menores de 200 g/km CO₂
- 14,75 % para vehículos con emisiones mayores o iguales a 200 g/km CO₂.
Otra de las medidas recogidas en el borrador de los Presupuestos Generales del Estados 2021 que se ha ido fuera ha sido la polémica subida del impuesto del diésel.
Esta supresión de la bonificación fiscal de la que goza el diésel se traducía en un incremento del precio del gasóleo de 3,8 céntimos por litro, que afectaría a unos 13,5 millones de automóviles en nuestro país.
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