La estimación la han lanzado los representantes de los concesionarios y fabricantes de automóviles a raíz de la Operación Trócola, que es como la Guardia Civil de Cádiz denominó de forma interna a una acción consistente en 29 inspecciones a talleres. A consecuencia de ellas se tramitaron 221 actas de infracción en materia de actividades industriales, residuos peligrosos, Trabajo y Seguridad Social.
Faconauto y Anfac han explicado que las acciones ilegales detectadas representan una “ínfima parte” de los talleres que permanecen trabajando de forma ilegal, unos 3.000 que ejercen “competencia desleal” frente a aquellos talleres que están al día de sus obligaciones, tanto en lo laboral, como en lo medioambiental como en lo fiscal. Las patronales ya han pedido que se intensifique la labor policial.
Con la crisis, los talleres oficiales se han encontrado con una drástica reducción de la carga de trabajo que venían desempeñando, a la par que han detectado un aumento en las reparaciones que se realizan de forma clandestina. ¿Se trata de una petición lógica contra las prácticas ilegales o hay algo más? Y la reacción de quienes buscan reparaciones más baratas, ¿es sólo una consecuencia más de la crisis?
Fuente | Anfac
Foto | Accretion Disc
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