Sólo en 2014, la Guardia Civil denunció 17.070 infracciones en las 6.548 inspecciones que llevó a cabo en talleres mecánicos. Ahora, el mismo cuerpo policial y las patronales Anfac y Ganvam han firmado un procedimiento de colaboración que tiene por objeto poner cerco a los talleres ilegales. Desde Anfac se calcula que las operaciones realizadas permitieron que afloraran 130 millones de euros de la economía sumergida y contribuyeron a conservar 2.400 puestos de trabajo.
Según Ganvam, los talleres ilegales concentran más del 20 % del total de España, y desde 2008 han originado unas pérdidas para el sector legalmente establecido superiores a 3.500 millones de euros. Hay alrededor de 10.000 negocios de este corte, que acumulan un fraude de 230 millones anuales en impuestos y de casi 112,5 millones en cotizaciones a la Seguridad Social.
Pero no todas las cifras son negativas para el sector o para las arcas españolas. En la llamada Operación Talleres Mecánicos, desarrollada el año pasado, se cerraron cerca de 240 talleres ilegales y se contribuyó a que más de 1.000 talleres subsanasen por completo las deficiencias detectadas. De hecho, la progresión ascendente de las inspecciones realizadas en los últimos años ha venido acompañada de una curve similar en cuanto a denuncias.
El acuerdo que han suscrito la Guardia Civil, Anfac y Ganvam contemplan que las patronales del sector asesoren a los agentes sobre los requisitos que deben cumplir los talleres, tanto desde el punto de vista administrativo como de gestión de residuos o las cuestiones industriales y tributarias.
Los cinco actos de 'piratería' de los talleres ilegales
Según explican los responsables del acuerdo suscrito, los talleres ilegales pueden realizar cinco tipos de actividades que representan un problema:
- Seguridad vial: reparaciones carentes de control de calidad y garantía.
- Seguridad medioambiental: especialmente en el reciclaje de productos de desecho.
- Fraude fiscal: constituyen un campo de cultivo propicio para el fraude fiscal.
- Fraude laboral: incumplimiento de las normas de la Seguridad Social y de los trabajadores.
- Competencia desleal hacia las empresas que sí cumplen los requisitos legales vigentes.
